Elena Aguilar  

Desde el abogado que quiere cobrar por tramitar la amnistía hasta los custodios que prometen a los reos alcanzar este beneficio, son algunas de las trabas a las que se enfrentan integrantes de distintos colectivos de defensa de los derechos humanos que tramitan la amnistía de personas privadas de su libertad, denunció Max Correa.  

Reconoció que la Amnistía en la entidad está siendo tentada por actos de “corrupción”, pues hay abogados que prometen este beneficio y muchas veces los reos ni siquiera son candidatos al beneficio.  

El legislador afirmó que la ley es perfectible y deberá valorarse si requiere algún cambio para su adecuada operatividad, pues a la fecha han ingresado más de mil 800 solicitudes, que deberán ser analizadas detalladamente, “la mayor parte llegan al Poder Judicial y una más a la Comisión de Derechos Humanos”. 

Aclaró que la ley está diseñada para casos de primodelincuentes, aunque también, dada la criminalización de la pobreza, se incluyeron delitos de alto impacto, pero es ahí dónde están atorados, ya que muchos delitos de este tipo se acreditan a gente de bajos recursos.  

Dio a conocer también que a quien le rechazan la amnistía, puede solicitarla después, aunque hasta el momento no se ha registrado ningún caso de este tipo.  

Consideró que la ley es perfectible y en este caso es sui generis que está abriendo camino a nivel nacional, pues fue más allá de la que se aprobó a nivel federal, pero que además está dando resultados al sumar más de 400 beneficiados hasta este momento.  

Sin embargo, dijo que no están satisfechos, pues hay denuncia de que no hay actitud garantista para aplicar la ley y privilegiar el criterio “pro persona”. “Todavía los jueces y magistrados actúan con visión antaño, pues defienden los intereses que el negocio que representa para muchos la fabricación del delito”.  

Indicó que, de la misma forma, más allá de lo que ahorra el gobierno estatal en reos, hay que pensar en las familias que deben pagar cuotas por visitas en días no permitidos o entregar alimentos a sus familiares encarcelados. 

“Esta ley toca intereses y por eso debe ser analizada constantemente, a fin de garantizar su aplicabilidad”, finalizó. 

(Foto: archivo)