MGPP Cynthia Valeriano López 

¿Cuánto cuesta la democracia en México? Sin duda, esta ha sido una de las preguntas más recurrentes en cada proceso electoral que enfrentamos. 

Los ciudadanos vemos las cifras millonarias aprobadas cada año por el Congreso mexicano para el árbitro electoral y para los partidos políticos que aún siguen la lógica de existencia a partir de los recursos públicos otorgados por el Estado. 

Solo para éste año el presupuesto autorizado para el Instituto Nacional Electoral fue de poco más de 26,819 millones de pesos, un incremento del más del 30% del presupuesto autorizado para las elecciones intermedias del 2015 (El presupuesto de ese año fue de 18,572 millones de pesos) y 10.5% más que el presupuesto autorizado para la elección presidencial del 2018. 

La explicación de este crecimiento presupuestal en el costo de las elecciones se debe a un crecimiento natural del padrón electoral, mientras en la última elección intermedia nuestro padrón electoral era de poco más de 87 millones de electores, para el 2021 será de aproximadamente 95 millones, es decir, se han incorporado al padrón electoral poco más de 8.4% de votantes en los últimos 6 años. 

Pero si estos datos no nos dicen mucho, al analizar la distribución del presupuesto del INE, desde el 2015 hasta la fecha, este ejerce entre 70 y 73 de cada 100 pesos autorizados para la organización de las elecciones y menos de 30 pesos de cada 100 se utilizan para ser distribuidos entre los distintos partidos políticos, lo que aproxima una gran cantidad de cuestionamientos sobre el uso de este inmenso presupuesto público en la organización de cada proceso electoral que al final siempre concluye con procesos jurídicos de impugnación por distintos actores políticos que no se vieron favorecidos por el voto popular y que desacreditan la tarea y el costo de cada elección. 

¿En que se gasta el dinero el INE?  

Esto lo han preguntado muchos, principalmente aquellos que cuestionan la existencia de un organismo autónomo encargado de uno de los mecanismos de ejercicio democrático más importantes de una República. De acuerdo con los datos presentados por el propio INE poco más del 66% de sus recursos son distribuidos entre las juntas distritales y locales, la capacitación de funcionarios de casilla, la organización electoral (la compra de insumos, papel seguridad, urnas, etc.) y la actualización del Registro Federal de Electores, es decir, en garantizar en los hechos que el proceso se desarrolle de la forma más efectiva, transparente y segura para renovar en cada ejercicio, el voto de confianza de cada elector en el sistema político en el que participa. 

Éste año, el proceso electoral es inédito en muchos sentidos, en primer lugar éste año los ciudadanos elegiremos a poco más de 21 mil representantes populares en todo el país, algo nunca antes visto, en segundo lugar, es inédito el uso de urnas electrónicas en dos entidades federativas (Hidalgo y Coahuila) que de probar su efectividad y seguridad podrían ser el inicio de un avance gradual al uso de herramientas tecnológicas que no solo disminuyan considerablemente los costos de las elecciones, sino que mejoren y acorten los tiempos de respuesta y entrega de resultados para dar certidumbre a los actores políticos y a la propia ciudadanía, finalmente también decimos que es un ejercicio inédito porque lamentablemente se llevará a cabo en medio de una serie de dudas y ataques al árbitro electoral desde la propia esfera gubernamental (A la que debe el proceso del cual emano su posición) que debe dividir parte de sus esfuerzos en su propia defensa ya que si existe duda sobre la imparcialidad del organizador, ¿de que sirve cuanto más gastemos en nuestras elecciones?. 

La responsabilidad ahora es nuestra, querido lector, lectora, piense que en promedio éste año se gastarán 282 pesos por votante en la organización de las elecciones y la propuesta de candidatos de cada partido político (por lo menos), así que, cuando no asistimos a ejercer aquello que más que nuestro derecho, es nuestra obligación política y social, contribuimos al desperdicio de los recursos públicos que bien podrían servir para otros fines. 

Por el bien de México y por el propio, hagamos nuestro el ejercicio, que tenga sentido el costo de las elecciones y que se traduzca en una participación que sea, tan inédita como los tiempos que vivimos. 

Profesora de economía 

Tec de Monterrey, Campus Toluca