Con el objetivo de frenar la filtración de imágenes de víctimas de un delito, por considerar que vulnera los derechos de hombres y mujeres, además de un daño también para los familiares, Beatriz García Villegas, diputada de Morena en la Legislatura del Estado de México, promovió una iniciativa para sancionar hasta con 20 años de prisión a los servidores públicos responsables de la difusión de dicha información.

Elena Aguilar

En sesión ordinaria, este martes, estuvieron presentes los familiares de Christy Mary Villegas de 15 años, quien el 26 de diciembre fue encontrada sin vida en un paraje de Juchitepec, nueve días después de su desaparición. La legisladora recordó que tras pocas horas de haber sido localizada, las imágenes de la víctima  fueron filtradas, atentando claramente contra la integridad de Cristy, de sus familiares.

Recordó además, el caso de Ingrid, la joven asesinada por su pareja en la Ciudad de México, cuyas fotos fueron difundidas a medios de comunicación, lo que calificó como una actuación indebida por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, “más aún en casos de feminicidio”.

Precisó que la reforma al artículo 353 del Código Penal estatal refiere que los delitos cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia establece sanción de cuatro a 10 años de prisión, de 100 a 150 días de multa, así como la destitución e inhabilitación de su empleo, cargo o comisión que corresponda.

Por lo que con la iniciativa que presentó busca inhibir y reducir los actos de filtración de dicha información por parte de los servidores públicos que han provocado en distintos casos “una revictimización en contra de las mujeres, así como afectaciones a las distintas víctimas de cualquier delito”.

El proyecto establece sanciones a quienes en ejercicio de sus funciones en los sistemas de procuración de justicia, filtren evidencia o información de grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, periodistas, defensoras o defensores de derechos humanos, personas indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, personas en estado de reclusión, adultas o adultos mayores, personas en situación de calle o en extrema pobreza, entre otras.

La legisladora morenista apuntó que “el hecho de exhibir el cadáver mediante imágenes en algún medio de difusión y comunicación, produce una victimización secundaria que agrava y expone un daño tanto a la víctima directa como a las indirectas”, sostuvo la morenista.

Estas acciones son violaciones al derecho y al principio del debido proceso de ambas partes, al derecho y al principio de presunción de inocencia del imputado, al derecho a la intimidad de cualquiera de las partes, y en el caso de adultas mayores, mujeres, o niñas, es una violencia institucional.

(Foto: Especial Portal)