Durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los organismos INE (Instituto Nacional Electoral) y a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) en cuanto a sus determinaciones en los últimos días sobre candidaturas y energéticos, respectivamente, mismas que se contraponen al interés nacional, sostuvo, pues frenan la cuarta transformación para favorecer “intereses creados”.

Leobardo Hernández

En primera instancia, tras darse a conocer la resolución del INE para cancelar 59 registros a candidaturas, según La Jornada, de los que 51 resultaron ser de Morena (19 a diputación federal, a 6 más, sin especificar el cargo, se les inició un proceso por omitir informe de gastos de precampaña; 6 a diputaciones locales y 17 que buscaban alcaldías), AMLO sostuvo que “es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es antidemocrático”.

La afirmación dio cabida a una reflexión acerca de casos emblemáticos, como el desafuero del propio López Obrador “porque no querían que […] apareciera en la boleta como candidato a la Presidencia en el 2006”, donde, “por consigna de los presidentes de la República”, tras flagrantes ilegalidades en procesos electorales, el entonces IFE aprobó incluso candidatos que no reunían requisitos, e indicó que aún en 2018 se repitió esta práctica del órgano electoral.

En el acto, el mandatario señaló la acción de los consejeros electorales como hipócrita; afirmó que “ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban”. No obstante, asumió la postura de que tales determinaciones deben resolverse en el marco de la legalidad, y refrendó que “no voy a aceptar que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia”.

Asimismo, en cuanto a jueces, abundó que tienen motivaciones similares pues, además de conservar salarios de más de 600 mil pesos al mes (cuando la constitución estipula un máximo de 108 mil, lo que gana el presidente), durante el antiguo régimen estuvieron al servicio de los altos potentados para mantener privilegios por encima de la legalidad.

Sostuvo que la reforma energética de Peña Nieto se aprobó con sobornos y la protegen para mantener beneficios de particulares en detrimento de la economía nacional. Esto referente las suspensiones, concedidas por jueces, de la reforma eléctrica de AMLO. No obstante, remarcó que, de continuar esta tendencia, pues vulnera la ley establecida y constitucional, acudirá a la Suprema Corte y si no hay respuesta, elaborará una iniciativa de reforma constitucional para frenar el daño a las arcas nacionales por la corrupción en el sector.

(Foto: presidencia)