La diputada Anaís Miriam Burgos Hernández propuso, nombre del Grupo Parlamentario de morena, expedir la Ley de Comunicación Social del Estado de México con la que se busca garantizar que el gasto en comunicación social de los entes públicos se ejerza bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, austeridad y honradez; respetar los topes presupuestales, y delimitar el papel de la comunicación en campañas electorales y la imagen de los actores políticos en cargos de elección popular. 

Redacción

La propuesta, presentada en sesión del Sexto Periodo Ordinario, indica que los entes públicos deberán respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de su ejercicio, de tal forma que durante los procesos electorales la comunicación social no influya en la equidad de la contienda entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos. 

En procesos electorales se suspenderá obligatoriamente la difusión de campañas de comunicación social en la entidad, exceptuando las relativas a los servicios educativos, de salud, protección civil e información de las autoridades locales. 

Igualmente, se busca la creación de la Unidad Administradora, como instancia dependiente de la Secretaría General de Gobierno estatal, que dará seguimiento a los esfuerzos comunicacionales y prestará asistencia técnica y de evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social para que se realicen con los principios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad, transparencia y máxima publicidad, institucionalidad, congruencia, objetividad e imparcialidad y veracidad. 

La iniciativa busca reformar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México para que los recursos estatales en materia de comunicación social se revisen y fiscalicen, en ejercicio de la facultad más importante del Poder Legislativo, que es vigilar el ejercicio del gasto público. 

El documento señala que, en congruencia con el artículo 42 de la Ley General de Comunicación Social, se facultará a la Legislatura estatal a recibir, por conducto del Comité de Comunicación Social, el informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales de los Poderes del estado, así como la relación anual de todos los programas y campañas de comunicación social desglosadas por dependencia y la programación de erogaciones, y el Poder Legislativo deberá formular el informe respectivo. 

Prevé que los entes públicos contarán con un plazo de 90 días naturales, una vez que entre en vigencia la ley, para expedir los reglamentos correspondientes; la Secretaría General de Gobierno tendrá 30 días naturales para expedir el reglamento y los lineamientos correspondientes y un plazo de 90 días naturales para integrar el padrón estatal de medios de comunicación que busquen ser contratados por entes públicos. 

Además de la expedición de la Ley de Comunicación Social del Estado de México, la iniciativa busca diversas  reformas y adiciones a disposiciones de la Constitución Política, de la Ley de Fiscalización Superior, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de Responsabilidades Administrativas, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento de Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo, todas del Estado de México.  

Para su dictamen, la iniciativa fue enviada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y al Comité de Comunicación Social. 

(Foto: Especial Portal)