Martha Romero 

Con el propósito de tipificar la violencia ácida y ataques con sustancias corrosivas como delito autónomo, la comisión de Procuración y Administración de Justicia inició con el análisis de las iniciativas que fueron presentadas por diputadas de la bancada de Morena, además de que acordaron incluir la propuesta presentada por Carmen Sánchez Flores a nombre de la fundación que lleva su nombre.

Durante la reunión de trabajo a la que acudió la activista y sobreviviente de un ataque con acido por parte de su expareja en 2014 y quién por siete años vivió en la impunidad, pero que gracias a su lucha incansable recibió una sentencia de 46 años y ocho meses, recordó que fue el mes de diciembre de 2025 cuando entregó la iniciativa al Congreso Mexiquense.

Señaló que su propuesta propone reconocer la violencia química como una forma extrema de violencia de género, establecerla como delito autónomo, además de garantizar a las víctimas reparación integral, atención médica, cirugías reconstructivas y apoyo psicológico. 

Sánchez Flores resaltó que lo que vivió y lo que han vivido muchas mujeres que han sido víctimas de este delito, donde las instituciones minimizaban este tipo de violencia a violencia familiar, física y lesiones simples, misma que ha puesto en riesgo su vida, ya que todavía continúa sometiéndose a cirugías funcionales y reconstructivas, tratamientos de dermatología, así como procesos psicológicos y psiquiátricos que conllevan la toma de medicamentos por el resto de sus vida. 

“Aun así yo no termino de recuperarme porque este tipo de violencia también nos deja una discapacidad permanente a la mayoría de las mujeres que hemos sido afectadas de esta violencia tan extrema”, añadió. 

Refirió que desde la fundación Carmen Sánchez siguen insistiendo que la violencia química es un tipo de violencia extrema que pone en riesgo la vida de las mujeres, no solo en el momento de la agresión sino en los meses y años posteriores, debido a las secuelas que deja esta violencia. 

Por su parte, la diputada Zaira Cedillo Silva, una de las proponentes de la iniciativa en la materia, explicó que su propuesta busca modificar el Código Penal para que este delito sea sancionado de ocho a 20 años de prisión y que sea tipificada como una violencia de género, donde lo único que faltaría incluir sería la palabra “extrema”, por lo que se buscarán la forma de colocarla.

Resaltó que la parte de la rehabilitación física y psicológica, así como el apoyo para la reintegración social y laboral se contemplaría en la Ley de Víctimas estatal, mientras que el tema de atención medica inmediata y cirugías reconstructivas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se busque la maneta de que se contemple en la Ley de Salud estatal. 

Finalmente, señaló que las observaciones serán entregadas a la presidencia de la comisión para que se conjunten y se haga el trabajo previo que se requiere para que llegar a la siguiente mesa de análisis.