Martha Romero 

El Congreso Mexiquense, con 56 votos a favor, aprobó la minuta con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial y aplazar la elección de personas juzgadoras para el 2028. 

Durante el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones los grupos parlamentario de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron a favor, mientras que las bancadas de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano votaron en contra.  

La minuta contempla que la personas juzgadoras que concluirían su encargo en el año de la lección ordinaria del 2027 permanecerán en funciones hasta el año 2027 permanecerán en funciones hasta el 2028, concluyendo su encargo en la fecha en que tomen protesta la personas que emanen de la elección judicial respectiva.

Advierte que la jornada electoral de las elecciones judiciales federal y locales se celebrarán de forma coincidente el primer domingo de junio del año 2028, donde podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), con excepción de los representantes de los partidos políticos. 

Refiere que el INE realizará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, por lo que las personas que resulten electas tomarán protesta de su cargo ante el Senado de la República el 1º de septiembre de 2028. 

Indica que el periodo de las y los Magistrados de Circuito, así como las y los Jueces de Distrito que resulten electos en la elección del 2028 durarán en el encargo ocho años, por lo que su cargo vencerá en el año 2036.

Los integrantes del Congreso Mexiquense también aprobaron la minuta con proyecto de decreto para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, ello cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

El documento añade que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido del decreto, antes del 5 de junio de 2026. 

Por último, menciona que el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento el decreto.

(Foto: Especial Portal)