Para brindar protección integral y atención prioritaria a la mujer trabajadora durante su embarazo, la maternidad y la primera infancia, la diputada Zaira Cedillo Silva (morena) propuso tipificar como delito la discriminación laboral por embarazo o género, así como la limitación de servicios de salud vinculados con la maternidad o crianza, estableciendo sanciones de hasta tres años de prisión, trabajo comunitario y hasta 200 días de multa.

Ante representantes de Early Institute (asociación que impulsa políticas públicas en pro de la salud, cuidado, educación, seguridad y protección de la primera infancia, y que colaboró en la elaboración de la iniciativa), la parlamentaria propuso que la discriminación laboral por embarazo, maternidad o crianza sea considerada una forma de violencia laboral contra las mujeres.

Agregó que cualquier distinción, exclusión o restricción dirigida a una mujer por motivo de embarazo, cuyo objetivo sea vulnerar sus derechos, también afecta los derechos de su hija o hijo.

Tras compartir que en la entidad el 23.7 por ciento de las mujeres asalariadas de 15 años y más sufrieron algún tipo de discriminación laboral por género, incluido el embarazo, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, lamentó que esta discriminación constituya un problema estructural que afecta el bienestar de las mujeres y de sus hijas e hijos, pues limita sus oportunidades en diferentes situaciones.

La iniciativa promueve que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México integre registros homologados, confiables y desagregados sobre los casos de discriminación por embarazo, permitiendo identificar las conductas, los derechos vulnerados y el perfil de la persona agresora.

 Así como realizar reuniones semestrales con cámaras y asociaciones empresariales para evaluar las medidas aplicadas en la prevención de la discriminación por embarazo, maternidad o crianza, y establecer que estas conductas constituyen violencia laboral.

Igualmente, propone que autoridades estatales y municipales generen políticas de respeto al derecho de las mujeres embarazadas o madres autónomas, y fomenten la prevención de toda clase de distinción, exclusión o restricción en su contra en las áreas de trabajo. 

La iniciativa plantea reformas a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al Código Penal, todos de carácter estatal.

(Foto: Especial Portal)