Martha Romero

 Después de que familiares de personas recluidas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, denunciaron abuso de autoridad, extorsión y aumento de cobro por diferentes conceptos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una investigación de oficio.

El objetivo de esta investigación es determinar si hay violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en este penal, luego de que familiares han señalado que derivado de cambios de personal les han exigido pagos por la estancia y alimentos, así como por objetos de limpieza personal que familiares llevan a las visitas. 

La queja número CODHEM/EPPL/381/2025 se da como respuesta inmediata por parte de la Codhem con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos a la legalidad, protección de la integridad, estancia digna y segura en prisión y a la vinculación social con familiares y conocidos.

De acuerdo con familiares de las personas privadas de su libertad, desde la llegada del nuevo cuerpo de mando penitenciario, se han impuesto medidas que atentan directamente contra sus derechos humanos por los aumentos excesivos en los costos para acceder a las visitas familiares y conyugales, afectando a familias de bajos recursos; así como cobros indebidos para ingresar alimentos, que en muchos casos antes eran gratuitos o simbólicos.

También denunciaron la exigencia a las personas privadas de su libertad de pagos obligatorios por bajar sus pertenencias o recibir lo que sus familias les llevan, además de traslados forzosos o injustificados de internos, usados como forma de presión o castigo.

“Esta situación configura una grave extorsión institucionalizada. Estos abusos no son aislados ni desconocidos. Desde el viernes 19 de julio, las condiciones dentro del penal se han vuelto insostenibles y humillantes. Lo que debería ser un centro de reinserción social se está convirtiendo en un negocio basado en el miedo y la necesidad”, resaltaron.

Por ello, exigen la intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la investigación exhaustiva de las nuevas autoridades, así como la suspensión de todo cobro ilegal y la restitución de los derechos básicos.

También piden que se garantice la seguridad de las personas privadas de la libertad y el cese de traslados arbitrarios, además de que ninguna familia ni interno sufra represalias por levantar la voz. 

“No más abuso de poder, la corrupción no debe tener uniforme. Exigimos justicia, dignidad y transparencia. La cárcel no debe ser sinónimo de explotación”, concluyeron.

(Foto: Especial Portal)