Ana María López

Ya que la reforma constitucional al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y por 23 Legislaturas estatales, comenzará el proceso de redactar, analizar y discutir las leyes secundarias, de aplicarlas y de llevar a cabo las respectivas reformas en las entidades federativas, para lo cual contarán con 180 días.

Al respecto, Acta Semanal conversó con el abogado Manuel Montes de Oca Colín, doctor en Derecho Parlamentario, en Derecho Procesal Constitucional y en Ciencias Penales; académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México; socio formador del Tec de Monterrey Campus Toluca, y litigante, quien pone el acento en un aspecto fundamental del que dependerá que la reforma cumpla con sus objetivos o no: la elección de los perfiles adecuados por los que el pueblo votará y que serán, al final, quienes materialicen el mandato popular y la demanda ciudadana de justicia.

Una vez que ha sido aprobada y que se conocen los términos definitivos de la reforma al Poder Judicial, cuál es su opinión?

Tomando en consideración que ya ha sido aprobada, la opinión de un ciudadano en lo unilateral poco puede importar, porque desde un enfoque de democracia, que yo entiendo como la voluntad de las mayorías, el gobierno de las mayorías, esto implica que, nos guste o no, salvo que ejerzan algún medio de control constitucional que pudiera frenarla, la reforma ya es prácticamente un hecho, pero hasta este momento no he visto ningún mecanismo de control constitucional, como el juicio de amparo, que pudiera frenarla.

Creo que para poder tener la visión de país que queremos, un Estado mexicano sólido, debemos de aprender a vivir con que hoy tenemos. La reforma es un hecho y creo que todo tiene que ser para bien.

Efectivamente, en la academia, en el litigio, en los Poderes Judiciales, entre jueces, magistrados, personal de base, están totalmente sorprendidos y quizá muy confundidos. La reforma al Poder Judicial era necesaria, tal vez no en esas dimensiones y al vapor, con planteamientos poco sólidos y con el riesgo es elevarlos a nivel constitucional. Por ejemplo, los requisitos para ser ministros, jueces y magistrados federales son mínimos. Entonces, cuando vengan las leyes secundarias, las leyes orgánicas que pretendan regular los perfiles de los aspirantes, si nosotros colocamos en esas normas mayores requisitos que los establecidos en la Constitución, podríamos arriesgarnos a una inconstitucionalidad. Sobre todo porque esos requisitos deben fortalecer una carrera judicial.

Decía Platón que no todos deberían tener derecho al poder, que solo los mejores tienen que gobernar, y también los mejores tienen que impartir justicia, porque los ciudadanos deben poder confiar en que, ante cualquier acto arbitrario de autoridad, cualquier norma general, exista un tribunal que los ampare y los defienda contra el arbitrario, y esto pudiera lacerar un poco la certeza jurídica. Hay que encontrarle el lado bueno a la reforma. Yo me decanto porque debe atenderse la carrera judicial.

¿Considera que los requisitos para quienes buscarán estos cargos son pocos?

Son mínimos, y creo que esta reforma debe tender a un esfuerzo de actualización funcional y estructural del Poder Judicial y se debe consolidar con legitimidad democrática. Esto, por supuesto, en unión de los tres Poderes, para que realmente se atiendan los aspectos que necesitan ser cambiados y no desde un punto de vista político, porque es muy riesgoso tener dentro de la Judicatura perfiles políticos.

Para el caso de que llegue un ente político, debe cuidarse el perfil ético, moral y de preparación, porque los funcionarios judiciales se someten constantemente a actualización, y ese debe ser un filtro importante para asegurar la independencia de quien llegue al cargo.

Si yo fuera invitado, lo primero que día es: fíjate que si me estás invitando es porque voy a cumplir la norma, porque no por el hecho de que me apoyes, de compartir una idea de Estado, de nación o de Poder Judicial significa que mi resolución va a estar tasada por ese compromiso que tengo por el apoyo que me dan. Eso es ética, eso es moral.

Tendrá que privilegiarse el aspecto técnico de los candidatos…

Así se aseguraría la independencia y la autonomía. Creo que la reforma era necesaria, también tenemos que encontrarle cosas buenas. El pueblo de México está cansado de muchas injusticias, pero no solamente con el Poder Judicial. El sistema de justicia, la seguridad pública, las fiscalías también deben ser atendidos; los abogados, también. Entiendo la molestia de los colegas que integran el Poder Judicial, porque dicen: le he entregado toda mi vida a la institución y ahora voy a salir.

Esto lo equiparo con la materia laboral: tenemos un patrón y un empleado. En el momento en el cual el patrón ya no está a gusto con el empleado, muy probablemente lo va a despedir. Es válido que lo haga, porque a nadie se le puede obligar a tener a alguien en contra de su voluntad; sin embargo, debe tener todas las garantías de indemnización. Hay que tomar en consideración que la reforma contempla esa circunstancia. En la perspectiva democrática, el patrón es el pueblo, ya decidió y esa es la voluntad democrática de las mayorías: las personas que están hoy día se tienen que ir. En este ejemplo, los trabajadores son esos servidores judiciales que hay que despedir e indemnizarlos en términos de ley.

Hasta ahí creo que podemos hablar de la validez constitucional de la reforma en un escenario en que no está violando derechos humanos.  

¿Qué puede esperar el pueblo de la reforma que respaldó?

Más que esperar, creo que tiene que actuar. Ya se decidió y ahora lo que tenemos que hacer como ciudadanos es fortalecer los regímenes de responsabilidad del servicio público. Los ciudadanos somos la contraloría social del gobierno. El riesgo más grande es que se politicen los cargos jurídicos y las decisiones sea sesgadas por parcialidad si no entendemos que no me debo a quien me postula, sino me debo a la comunidad, al derecho, a la justicia y no debo faltar a mis convicciones.

Aunque son los menos, sí han existido prácticas hegemónicas, de nepotismo, se ha abusado, como en su momento se abusó del Ejecutivo. Me sorprende la fuerza política de la nueva visión. No milito en ningún partido, pero mi conciencia me dice que debemos apoyar al gobernante que esté, porque no gobierna para un partido o para unos cuantos, gobierna para todos, pero en la medida en que debemos apoyarlo debemos ponerle límites y crear instituciones sólidas que limiten el poder público. Y si esta reforma está hecha para legitimar actos arbitrarios, vamos a perder como país.

Creo que se debe apostar al fortalecimiento de la carrera judicial, que parece que está en los últimos suspiros; creo que debemos preguntarnos quién va a llegar a la titularidad de estos cargos tan importantes, porque en cualquier momento podemos tener la necesidad de acudir a un tribunal y no nos gustaría que ese tribunal estuviera segado de parcialidad.

La persona que llegue debe llegar con autonomía e independencia, y se debe fortalecer el Estado constitucional, cuyo pilar fundamental es el respeto a los derechos humanos. La propuesta del presidente López Obrador fue muy fuerte en ese sentido, un tanto violatoria de derechos humanos, porque no se permitía una justa indemnización o que los servidores judiciales pudieran, después de terminar su encomienda constitucional, dedicarse al litigio, pero la Cámara de Diputados suavizó todo esto.

Debemos también apostarles a procedimientos de selección limpios, con transparencia y con rendición de cuentas, y que se den a conocer los resultados públicamente.

¿Qué es lo que quiere el pueblo? Un cambio para bien. ¿Que puede haber intereses mezquinos? Cierto, pero es ahí donde se debe tener cuidado. Y esto nos lleva a la formación educativa. Un pueblo culto va a ser fácil de gobernar pero difícil de manipular. Si tenemos poco conocimiento del derecho, ese es un riesgo para el justiciable y para todos.

El pueblo tiene la percepción de que en México no hay justicia en México, en tanto que hay una diversidad y cantidad tremendas de gente agraviada…

Yo sí creo en la justicia; creo que tarde o temprano tiene que cambiar, ya está cambiando. Es difícil confiar en ella, pero así como hay jueces, que son pocos, y magistrados o personal de la corte que pudieran ser poco éticos, también hay gente muy preparada, con alto espíritu de servicio, muy capacitada, con muchos años de experiencia, que es fundamental.

La reforma dice que los aspirantes tengan cinco años de experiencia, pero cinco años no te dan para templar tu carácter ni para normar tu criterio. Ser joven no es un pecado, pero conforme pasan los años, la mesura, la templanza, todas esas virtudes cardinales se van adquiriendo y vamos puliendo nuestro criterio. Hay jóvenes que en cinco años pueden tener maestrías, doctorados, ¿pero qué experiencia tienen?, ¿qué visión de la vida tienen?

¿Hay algún aspecto de la reforma que pudiera considerarse contrario a los derechos humanos?

Si hablamos de la validez constitucional de esta reforma, me atrevería a decir, en un análisis constitucional, que si la reforma está respetando derechos humanos de las personas que van a salir del cargo, para mí es constitucional, porque se les va a indemnizar conforme a los parámetros que la propia ley marca, porque si no, estaríamos hablando de un trato diferenciado. Son cambios que se dan en cualquier trabajo.

Pero hay algo que está fallando. ¿Restringir los privilegios? Sí, por supuesto, pero también que tengan lo ideal para desempeñarse, un salario digno. Unificar salarios sería bueno, pero todos tienen que trabajar con la misma calidad y condiciones, porque si a uno se le carga más el trabajo que a otro entonces, hay un trato diferenciado injustificado. Pero esto no solamente debe ser para el Poder Judicial de la Federación, sino que tiene que ser para todos. Por ejemplo, un diputado no debería ganar lo que gana mientras un maestro de primaria, con 7 mil pesos a la quincena, debe sobrevivir. Esta es una total falta de congruencia de las políticas públicas.

Estoy a favor de la reforma, no es estos términos, pero ya está y hay que ir hacia adelante. El punto es advertir sobre quiénes van a seleccionar, cuáles van a ser los perfiles de la selección, que los procesos de selección sean auténticos, que haya transparencia en los resultados y que se permita impugnar esas determinaciones, porque si no caeríamos en lo mismo y esto no va a cambiar.

Por otro lado, el punto del Tribunal de Disciplina. Se va a llevar al banquillo de los acusados a jueces, magistrados o ministros cuando no cumplan en seis meses. Maravilloso, pero hacen falta manos, cabezas, mobiliario. Las personas no se dan abasto con la carga excesiva de trabajo que tienen.

¿Además de sus capacidades técnicas y sus convicciones éticas, qué otras cualidades deberán tener los servidores judiciales para ser elegidos?

Finalmente el pueblo va a elegir, pero ante un pueblo al que el gobierno le ha quedado a deber mucho en temas de educación, ¿cómo hacer para que resienta de una manera menos lesiva estas afectaciones? Con los mejores perfiles, porque así, quien quede va a ser una persona que está capacitada para el cargo, que conoce cómo se hacen los proyectos, las sentencias, las resoluciones; que tiene experiencia y, sobre todo, que tiene amor por México, que quiere dejar a las próximas generaciones y a las presentes un país mejor.

Si el gobierno y el partido en el poder verdaderamente quieren un cambio, el tiempo lo dirá, porque ahí veremos si sus intereses son verdaderos, sociales y de cambio, o son intereses mezquinos para beneficiar solo a algunos.

¿Cuál es el riesgo de esto?, porque en toda operación hay riesgo y, en este caso, es una operación jurídica de muy alto nivel. Podremos prever que no se comprometa la decisión judicial si y solo si esta reforma cumple con esos postulados, porque de acuerdo con la exposición de motivos por eso se hace: que el pueblo elija a sus jueces, magistrados y ministros. No me parece descabellada la idea, ¿pero de dónde van a surgir? ¿Dónde están? Pues en las escuelas judiciales, en las universidades, en los posgrados, y de ahí van a salir aquellos a los que se les postule.

También se debe generar un mayor presupuesto para que tengan campo de acción, pero siendo muy cuidadosos en la fiscalización de cada peso que se da. Mientras no entendamos que el servicio público, en cualquiera de las tres funciones de los Poderes, es para servir al pueblo y no servirse del pueblo, esto no va a cambiar.

Teneos que aprender a vivir con lo que tenemos, y esos recursos tenemos que eficientarlos. Tenemos que ir hacia adelante y pugnar porque esto se cumpla, y si no, alzar la voz y apostar por los mecanismos de control constitucional, pero, sobre todo, apostarles a verdaderos operadores jurídicos que cumplan el perfil requerido, porque si no, el riesgo es grande.

Fotos: Especial Acta Semanal.