Martha Romero/Redacción 

El Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene como una de sus principales banderas la reforma al Poder Judicial, está en marcha y, como lo demostró el aluvión de votos en favor de Morena y aliados el pasado 2 de junio, es un mandato del pueblo.

 Una vez aprobada la reforma por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, las entidades federativas y sus legislaturas locales tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes locales. Esta última fue una precisión del senador Ricardo Monreal Ávila en su turno al hablar en el tercer foro de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma del Poder Judicial, celebrado el 2 de julio en el salón Benito Juárez de la Cámara de Diputadas y Diputados del Estado de México, en Toluca.

La precisión de Monreal se acompañó de un recordatorio contundente, dirigido al magistrado Ricardo Sodi Cuellar: “Es decir, señor Presidente del Tribunal, aquí en el Estado de México sí va la austeridad, también para ustedes. Saludos”.

Del extenso listado de temas que incluye la propuesta de reforma, esta sesión se dedicó a la austeridad republicana, los 13 fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial de la Federación y los derechos de sus trabajadores, asuntos que generan tanta polémica como la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados.

Momentos antes de la acotación de Monreal, Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura mexiquenses, había dicho, al participar como orador en la inauguración del foro, que es imposible aplicar austeridad en los estados cuando la falta de personal retrasa la impartición de justicia, e indicó que de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las entidades, en promedio, cuentan con 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, y en el caso particular del Estado de México son 2.8.

Añadió que México es un país con altos índices de litigiosidad e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago, por lo que uno de los primeros objetivos de una reforma integral sería abatir ese rezago o al menos disminuirlo, ya que el estándar internacional implica contar con al menos 18 jueces por cada 100 mil habitantes.

Para lograrlo, dijo, se debe fortalecer la autonomía presupuestal de los Poderes Judiciales de los estados al incorporar a la constitución general el principio de que su presupuesto sea progresivo e irreductible y nunca inferior al 4% del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente.

Este año, el presupuesto del que dispone el Poder Judicial de la entidad es de 5 mil 768 millones 215 mil 504 pesos, equivalentes al 1.53% del total del Presupuesto de Egresos 2024 aprobado por la LXI Legislatura local, 210 millones de pesos más que el año anterior (ver Acta Semanal 1232), destinados exclusivamente a incrementar el rubro de “servicios personales”, en total 4 mil 303 millones 366 mil 65 pesos, renglón en el que quedan incluidas las remuneraciones ordinarias, extraordinarias, prestaciones de carácter socioeconómico, obligaciones fiscales y de seguridad social relativas a las personas servidoras públicas. Del resto, para gasto operativo son mil 399 millones 849 mil 439 pesos y para inversión pública, 65 millones de pesos.

Sobre las remuneraciones, de acuerdo con el tabulador de sueldos para servidores públicos que son de naturaleza jurisdiccional (ver Acta Semanal 1236), publicado en la página del Poder Judicial, en el apartado de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex), el magistrado presidente Sodi Cuellar, con el nivel salarial 70-1, tienen un sueldo base de 118 mil 386 pesos, una gratificación de 107 mil 206 pesos y una compensación de 67 mil 203 pesos, para hacer un total bruto de 292 mil 795 pesos. Con las deducciones correspondientes, su percepción total neta mensual es de 192 mil 337 pesos.

En tanto, los mandos superiores del Tribunal, catalogados con el nivel salarial 68-BIS 1, perciben un sueldo bruto de 225 mil 685 pesos y neto de 148 mil 44.22 pesos, mientras que al nivel salarial 68-1 corresponde un sueldo bruto de 202 mil 957 pesos, y con las deducciones queda un salario neto de 133 mil 44 pesos.

En todos estos casos, la remuneración es superior a la de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que asciende a 104 mil 714 pesos netos mensuales.

Además, como lo puntualizó también Monreal Ávila, “las remuneraciones de las personas servidoras públicas en funciones, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los poderes judiciales de las entidades federativas, no podrán ser mayores que las establecidas para el Presidente de la República o Presidenta, como es el caso”. En este momento, el salario neto del jefe del Ejecutivo federal es de 128 mil 205 pesos.

Más tarde, en entrevista, sentenció que de aprobarse la reforma —que “va a doler a unos pocos”—, se va a aplicar la elección de jueces y magistrados, la austeridad, el Tribunal de Disciplina Judicial y todas las instituciones de nueva creación en lo federal se van a homologar en lo local, es decir, “va a ser un mandato del Constituyente Permanente, lo que va a ser inevitable y de lo que no va a escapar nadie”.

Las alegres cifras del PJF

En su discurso, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República también advirtió que con la reforma constitucional las ministras y ministros federales que terminen su encargo no recibirán pensiones vitalicias ni haberes de retiro, como actualmente ocurre.

 El haber de retiro, explicó, “es el salario al 100% los primeros dos años y el 80% los siguientes años hasta su muerte. Es decir, el total del sueldo tabular de los ministros es de 300 mil pesos, aproximadamente, que se integra por sueldo base más compensación garantizada y previsión social”.

 El haber contempla también el aguinaldo, 568 mil pesos, que representan 40 días de sueldo; un seguro de vida por 12 millones de pesos para los ministros y ministras y su cónyuge; prima vacacional de 95 mil 474 pesos, a pesar de estar en retiro; cinco personas de apoyo (dos choferes y tres técnicos pagados por el erario) y cinco elementos de seguridad; dos vehículos blindados, con un costo de 6 millones de pesos en total, apoyo para gasolina de 22 mil pesos mensuales, reembolso de cualquier pago por mantenimiento, entre otros.

 A la enumeración de los alegres cifras, también sumó el diputado federal por el Partido del Trabajo Reginaldo Sandoval Flores, quien señaló que para este 2024 el Poder Judicial tiene un presupuesto de 78 mil 327.3 millones de pesos, equivalentes a la mitad de lo asignado al conjunto de los 32 tribunales superiores de justicia de los estados.

 De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, continuó, solo los 11 ministros que la integran cuentan con un presupuesto de 5 mil 787.2 millones de pesos. “Si divides ese presupuesto entre 11 ministros, les toca 526 millones 109 mil 90; si lo divides entre los 365 días del año, contemplando sábados y domingos, le toca gastar un millón 441 diario”.

 Y sobre los fideicomisos, defendidos a ultranza incluso por los trabajadores y el sindicato del Poder Judicial, afirmó que de 13 de ellos, 12 son ilegales, porque se fueron conformando para no regresar los ahorros del presupuesto a la hacienda pública. “Entonces no es un problema de falta de presupuesto que no haya personal en el Poder Judicial, porque año con año les ha sobrado presupuesto y lo han ido acumulando en esos fideicomisos”.

Austeridad republicana vs. austeridad neoliberal

Entre los participantes en el foro hubo consenso en cuanto a que los derechos laborales del personal del Poder Judicial estarán protegidos y con la reforma no resultarán afectados de ningún modo. Al respecto, el diputado federal de morena Javier Huerta Jurado, pidió distinguir entre la austeridad neoliberal, surgida en la época del salinismo, que pretendía cargar sobre la espalda de los trabajadores el recorte a los salarios, y la austeridad republicana, que consiste en recortar excesos y privilegios arriba, para “darle certidumbre a los trabajadores de que la austeridad republicana no es la austeridad neoliberal; que no haya ninguna duda de que la transformación del sistema judicial no tiene que ver con arrebatarle el derecho a los trabajadores ni quitar sus sueldos, sino se trata de eliminar privilegios, de eliminar excesos, que yo creo que todos los que han participado los han puesto en evidencia”.

La justicia, función pública esencial

Los Diálogos Nacionales sobre la Reforma del Poder Judicial, convocados por el Congreso de la Unión, tienen el propósito de escuchar las diversas voces en torno a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador respaldada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados elabore el dictamen correspondiente, lo vote y lo deje listo para que sea aprobado en septiembre, con la nueva Legislatura en funciones.

 Son en total nueve foros, que se llevan a cabo del 27 de junio y el 8 de agosto, en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Coahuila y Sinaloa, en los cuales se analizan los temas que conforman la iniciativa: reducir de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la Suprema Corte y que la duración de su encargo sea de 12 años; que sus salarios no sean mayores que los que percibe el presidente de la República; eliminar la posibilidad de que obtengan pensiones vitalicias, así como la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces de distrito y que los candidatos sean propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.

Al inaugurar el foro en Toluca, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que para su gobierno la impartición de justicia es una función pública esencial, que tiene una relevancia humanista y de atención prioritaria para los ciudadanos, y dijo que las ideas que surjan de esta sesión deben contribuir a robustecer las instituciones responsables de la justicia en México.

Como autoridades, manifestó, estamos obligados a garantizar el derecho de acceso a una justicia responsable y eficaz que proteja a todos, especialmente a las personas más vulnerables.

El diputado Jesús Izquierdo Rojas, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México, hizo votos por que se compilen los comentarios, reflexiones y análisis de aquellos en quienes la reforma del Poder Judicial repercute directamente y que el resultado les dé a los diputados federales los elementos necesarios para que voten un dictamen y un proyecto de decreto que se adapte a las necesidades institucionales de los impartidores de justicia en el país y se dé respuesta a las carencias sociales en el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Debate de especialistas

Las participaciones del panel del foro comenzaron con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quien aclaró que la agrupación no está en contra de la austeridad, sino en favor de que los presupuestos se diseñen para que haya operatividad pues, dijo, la falta de recursos deriva en explotación del personal sujeto a jornadas extenuantes sin pago de horas extras, sin descansos, sin sustituciones por permisos de maternidad o licencias médicas.

 El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro opinó que en este nuevo esquema de designación sobre la elección popular de jueces y juezas es necesario considerar que el Estado mexicano ha invertido una fuerte cantidad de recursos en la formación y preparación de las personas que hoy prestan el servicio público de administración de justicia, por lo que un cambio radical podría minar notablemente la capacidad de funcionamiento de los tribunales.

 Sergio Arturo López Servín, secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, pidió que se privilegie la carrera judicial, porque requiere años de preparación, trabajo, vocación y servicio, además de que exige calidad. Expuso que no se trata de tomar ventaja, sino de continuar con la labor imperativa y significativa de administrar justicia, por lo que exhortó a las y los legisladores que decidirán sobre la reforma a que tomen en cuenta la experiencia de los buenos elementos que están en las filas del Poder Judicial.

Carolina Villagrán Salinas, visitadora judicial del Consejo de la Judicatura local y única mujer participante en el panel, pidió no dejar de lado en la reforma temas como el acoso laboral y sexual, intimidación, exceso de poder y nepotismo, así como la existencia de un tribunal que escuche y proteja del arbitrario, además de que los concursos que se implementan en su institución también se pueden mejorar.

El abogado Jaime Miguel Moreno Garavilla señaló que una vez que se emita la convocatoria, quienes estén dispuestos y se sientan aptos para participar levanten la mano, aun sabiendo que van a ser examinados públicamente por el propio instituto del Poder Judicial de la Federación, por lo que una vez que los candidatos tengan el documento de acreditación del examen lo puedan incorporar a los requisitos frente al Instituto Nacional Electoral (INE) para que les den el registro y puedan participar en la elección de jueces, magistrados y ministros.

La palabra empeñada

En la ronda de comentarios de las y los legisladores federales asistentes, el petista Gerardo Fernández Noroña reiteró su respaldo a la propuesta para que los jueces sean elegidos a través del voto universal, ya que es una medida que responde a una demanda popular y es una exigencia de la ciudadanía, por lo que no habrá marcha atrás y de cumplirse, pues sería un error no honrar la palabra brindada al electorado. Con la reforma el pueblo tendrá el control del Poder Judicial, pues si elige a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, también lo hará con el Judicial, apuntó.

La priista Melissa Vargas Camacho cuestionó que si la elección por voto popular asegura la honestidad, por qué no se elige también a los miembros de los gabinetes federal, estatales y municipales, así como a las fiscalías y los ministerios públicos, y señaló que la corrupción solo termina con mecanismos de transparencia y de control, por lo que se debe trabajar en ellos para fortalecerlos en todos los niveles de gobierno y en los poderes.

Braulio López Ochoa Mijares, de Movimiento Ciudadano, señaló que la discusión sobre la reforma debe hacerse con máximo respeto a los trabajadores del Poder Judicial, pues hay personal con gran vocación de servicio y hace un trabajo ejemplar, por ello, planteó valorar lo referente a los fideicomisos, porque algunos van ligados al contrato colectivo de trabajo, y si se eliminan se debe buscar cómo dar cumplimiento y asegurar los derechos de los trabajadores.

Del PAN, Miguel Humberto Rodarte de Lara resaltó que se debe tomar en cuenta lo planteado para mejorar la propuesta del Ejecutivo federal, así como apuntar a algunos de los temas vertidos que realmente afectan a los mexicanos, como lo es la justicia cotidiana, porque nueve de cada 10 personas no denuncian los delitos de los que son víctimas.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz, al exponer las conclusiones del encuentro, recalcó que existe un reclamo de que la carrera judicial sea respetada, al igual que los derechos de los trabajadores; que se precisen los alcances del Tribunal de Disciplina Judicial, y que se establezcan filtros sobre requisitos formales y requisitos de excelencia para quienes serán elegidos.

“No estamos pensando en que la iniciativa se quede como está, se van a mover muchos puntos y muchas comas”, subrayó.

Fotos: Especial Acta Semanal.