Martha Romero 

Aunque en las últimas décadas la comunidad LGBTTTIQ+ ha logrado conquistar espacios y derechos, todavía tiene un largo camino por recorrer y luchas que emprender para garantizar una vida libre de violencia.

El saldo en materia de derechos humanos aún es negativo; contar con cifras e información consistente y representativa es un paso importante en la lucha de este grupo de la población que histórica y estructuralmente ha sido y es uno de los más discriminados en México, y el Estado de México no es la excepción.

De acuerdo con el Informe Anual 2022 de la asociación Fuera del Clóset, la cifra negra de agresiones y discriminación en contra de personas LGBTTTIQ+ supera hasta en cinco veces los registros de casos denunciados en el Estado de México. Solo ese año atendieron 88 casos, en su mayoría ocurridos en la capital mexiquense.

De las personas agredidas, requirieron apoyo 45 hombres gays, 17 mujeres trans y 11 mujeres lesbianas, quienes recibieron acompañamiento de la asociación. En suma, brindaron 66 asesorías de diferente índole: jurídicas, penales o de atención psicológica a través de terapias. Particularmente, sobre discriminación y/o violencia, los círculos o espacios donde más se cometieron estos actos fueron las familias, los trabajos y los servicios públicos.

El informe señala que la cifra, aunque significa una disminución de 12.88%, respecto a lo registrado entre finales de 2020 y 2021, muestra la deuda impostergable de parte del Estado para garantizar que las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, trans, intersex, queer, no binarias o con otra orientación sexual, expresión de género o identidad de género no normativa gocen de una vida libre de violencia. 

Si bien la comunidad ha conquistado espacios y derechos, el acceso a la educación, el trabajo, la protección social, entre otros, continúan como tareas pendientes.

De las personas agredidas, requirieron apoyo 45 hombres gays, 17 mujeres trans y 11 mujeres lesbianas, quienes recibieron acompañamiento de la asociación. En suma, brindaron 66 asesorías de diferente índole: jurídicas, penales o de atención psicológica a través de terapias. Particularmente, sobre discriminación y/o violencia, los círculos o espacios donde más se cometieron estos actos fueron las familias, los trabajos y los servicios públicos. El informe señala que la cifra, aunque significa una disminución de 12.88%, respecto a lo registrado entre finales de 2020 y 2021, muestra la deuda impostergable de parte del Estado para garantizar que las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, trans, intersex, queer, no binarias o con otra orientación sexual, expresión de género o identidad de género no normativa gocen de una vida libre de violencia.  Si bien la comunidad ha conquistado espacios y derechos, el acceso a la educación, el trabajo, la protección social, entre otros, continúan como tareas pendientes.

Discriminación persistente

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México un total de 5 millones de habitantes de 15 años y más se autoidentificaron con una orientación sexual e identidad de género LGBTTTIQ+, lo que equivale al 5.1% de la población. De estos, 81.8% se identificaron con una orientación sexual, 7.6% con una identidad de género y 10.6% se identificaron con ambas.

El censo también reveló que el estado de México es la entidad que presenta un mayor número de habitantes de la comunidad LGBTTTIQ+, con un total de 489 mil 594 personas; le sigue la Ciudad de México, con 310 mil 788; Veracruz, con 307 mil 858; Jalisco, con 298 mil 270 personas; Nuevo León, con 286 mil 490, y Puebla, con 267 mil 78.

Jorge Leonardo Espinoza López, coorganizador de la marcha del orgullo LGBTIQANB+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, asexuales, no binaries y otrxs) de Metepec y secretario de Diversidad Sexual de Juventudes Morena en el Valle de Toluca, señala que como activistas han detectado que a pesar de que hay avances que benefician a la comunidad, si no se capacita a los servidores públicos sobre las nuevas reformas seguirán discriminándoles en sectores como escuelas, salud, laboral y otros rubros.

Agrega que después de muchos años de luchar, en octubre de 2022 el Congreso del Estado de México aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que fue resultado de las reformas realizadas al Código Civil del Estado de México que solo reconocía legalmente la unión entre un hombre y una mujer, lo que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era discriminatorio, aunque el tema de la adopción quedó fuera de la discusión.

Refirió que con corte a junio pasado, en la entidad se habían celebrado mil 580 matrimonios de personas del mismo sexo, la mayoría de mujeres; además, en enero se presentó la primera adopción homoparental tras ganar un litigio en el Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial. Esta sentencia generó un precedente para que otras parejas puedan adoptar, pues en materia legislativa no hay avance, porque el capítulo de la adopción no está en el Código Civil.

Sobre el cambio de identidad aprobado en julio de 2021, indicó que hasta el 2023 se hicieron 130 cambios, tramite en el no tuvieron ninguna traba salvo que solo es para mujeres y hombres mexiquenses, es decir, los nacidos aquí en el Estado de México, porque no pueden cambiarse de identidad si vienen de otro estado. Sin embargo, aún está pendiente el cambio para adolescencias e infancias trans, iniciativa que fue presentada pero todavía no ha sido discutida por las comisiones del Congreso del Estado de México.

Iniciativas en la congeladora

Espinoza López recuerda que en total hay cuatro iniciativas que están en la “congeladora” en la Cámara de Diputados y Diputadas mexiquense, y son las referentes a la tipificación del transfeminicidio, el cambio de identidad de adolescencias e infancias trans, el cupo laboral trans y la despenalización del peligro de contagio que criminaliza a las personas con VIH, propuestas que si bien fueron presentadas y turnadas a comisiones, nunca hubo una sola mesa de análisis.

Por ello, dijo, buscarán que los diputados de la LXII Legislatura local, que entrará en funciones el próximo 5 de septiembre las retomen o, en su defecto, solicitarán la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien el pasado 17 de mayo manifestó su apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+ y por primera vez incluyó a la diversidad sexual en el plan de gobierno.

“Este año tenemos por primera vez a une diputade, Luisa Esmeralda Navarro Hernández, de Morena, y a Paola Jiménez Hernández, quienes son aliades. Además de los y las diputada con las que en campaña nos acercamos para que puedan enarbolar dichas iniciativas, como es el caso de Gerardo Pliego Santana y Ana Yurixi Leyva Piñón”, concluyó.

Presupuesto obligatorio

Integrantes de la comunidad ganaron un amparo que garantizará que en la integración del presupuesto del próximo año se destine un monto específico a este sector de la población en la entidad, por lo que el Gobierno del Estado de México deberá crear una partida presupuestal para atender sus necesidades, informó por otro lado Ricardo Coyotzin Torres, presidente de la Asociación Civil Fuera del Clóset.

Ese presupuesto servirá para que en el servicio público se reconozcan sus derechos y se brinden mejores condiciones, por lo que la asociación ha integrado una agenda que incluye aspectos relacionados con el Plan Estatal de Desarrollo, entre ellos la creación de una fiscalía especializada para determinar los temas de atención a los casos relacionados con crímenes de odio en contra de la población LGBTTTIQ+, la construcción de clínicas de detección especializadas para personas trans y pacientes con VIH, así como en el rubro de la educación.

El camino judicial de esta determinación —explicó— se inició con la promoción del amparo en el 2022, el cual en junio de 2023 fue resuelto en contra por el Juzgado Séptimo de Distrito, bajo argumentos carentes de perspectiva de género por parte de la jueza que estableció que era inviable que la población LGBTTTIQ+ tuviera presupuesto en el estado de México.

Ese amparo —añadió— fue en contra del Gobierno del Estado de México, específicamente contra de la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza y de la actual Legislatura local, instancia que en su momento ni siquiera respondió al llamado del amparo por lo que la calificaron como “una institución omisa”, mientras que el Gobierno estatal respondió que el presupuesto solicitado ya se encontraba dentro de un rubro destinado a la igualdad entre hombres y mujeres como parte del Plan de Desarrollo Estatal.

Por ello decidieron impugnar el resolutivo ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, donde el recurso de revisión 398/2023, como resolutivo final, les concedió el amparo para que la población LGBTTTIQ+ en el Estado de México tenga presupuesto destinado y etiquetado para el 2025.

Resolución histórica

“Demandamos al Gobierno del Estado de México, demandamos a la Legislatura y ganamos. De manera generalizada, para el próximo año, dentro del Plan de Desarrollo y, por supuesto, también dentro del presupuesto etiquetado que harán tanto todas las instancias del Gobierno del Estado de México, incluyendo organismos autónomos, así como la Legislatura, que tendrán la obligación de crear y aprobar dicho presupuesto para que el próximo año podamos gozar de políticas públicas ya con un presupuesto establecido”.

Las condiciones de este amparo incluyen que la titular del Ejecutivo Estatal publique la sentencia en la Gaceta de Gobierno, lo que ya ocurrió el viernes pasado, además de que debe difundir reportes bimestrales para dar a conocer cómo se está trabajando en lo respectivo a la política pública y que exista el presupuesto etiquetado en el año 2025 para la comunidad LGBTTTIQ+.

Asimismo, durante la discusión del Paquete Fiscal para el ejercicio fiscal del próximo año, la comunidad formará parte de las mesas de trabajo para vigilar que los recursos que se destinen sean aplicados de manera eficaz, transparente y con rendición de cuentas; el monto que deberá ser discutido por el gobierno estatal y la próxima Legislatura local.

Coyotzin Torres calificó esta resolución como “histórica”, porque las cerca de medio millón de personas de más de 15 años que se autoadscriben como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ en el Estado de México, de acuerdo con el INEGI, se verían beneficiadas.

El Estado de México sería la tercera entidad en contar con un recurso de esta naturaleza, al sumarse a Guanajuato y Yucatán, que ya cuentan con él.

Fotos: Especial Acta Semanal.