Martha Romero/Leobardo Hernández 

De los mil 117 millones 756 mil 786 pesos con 35 centavos que de acuerdo con información proporcionada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez, pagó el gobierno de Alfredo del Mazo al consorcio informativo Latinus a través de tres empresas filiales, una de ellas, Diseño de Salud Integral, S.A. de C.V., fue la más favorecida, con la adjudicación de siete contratos, entre 2019 y 2023, por un total de 748 millones 194 mil 657 de pesos.

 Seis de esos contratos se firmaron con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y uno con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia.

 Mediante el contrato ISEM-SERV-LPRE45/041-19 se adjudicaron 97 millones 23 mil 507 millones de pesos, en el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019; el contrato ISEM-ADQ-LPRE23/015-19 fue por 41 millones 298 mil 633.25 pesos y tuvo un periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019; el contrato ISEM-SERV-LPRE42/029-20 fue por 100 millones 522 mil 27.70 pesos, vigente del 1 de abril al 30 de junio de 2020, mientras que el contrato ISEM-CA-SERV/LPRE15/013-20 fue por 146 millones 770 mil 440 pesos y tuvo un periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2020.

 Un quinto contrato, el ISEM-CS-40-2023, fue por 112 millones 655 mil 033.73 pesos por el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023; el contrato ISEM-C5-33-2023 fue por 189 millones 277 mil 004.28 pesos y tuvo un periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023, n tanto que por el contrato CLP034/043/2022 se adjudicaron 60 millones 648 mil 11.74 pesos, con un periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2022.

 Los nombres de a quienes se adjudicaron esos contratos, a través de licitación pública, son Efrén Jenaro García y Rodrigo Vázquez Mellado Mariscal, en el caso de los contratos con el ISEM, y del contrato con el Issemym la adjudicación fue a nombre de la citada empresa.

Convenio modificatorio

Uno de estos contratos fue el acuerdo con convenio modificatorio número ISEM-CM1/054-20-LPRE1501320 sobre el contrato abierto número ISEM-CA-SERV-LPRE15/013-20 para la prestación del servicio integral de imagenología con interpretación remota de imágenes y equipos en comodato, que celebró el ISEM, representado entonces por Fred Rescala Jiménez, en su carácter de coordinador de Administración y Finanzas, con la empresa Diseño de Salud Integral, S.A. de C.V.

 Fred Rescala es hermano de Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de México y coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional.

 El documento en cuestión señala que el 6 de abril de 2020, a través de licitación pública nacional presencial número 44064003-015-20, le fue adjudicada la prestación del Servicio Integral de Imagenología con Interpretación Remota de Imágenes y Equipos de Comodato, en la modalidad de contrato abierto.

 Por ello, celebraron el contrato abierto número ISEM-CA-SERV-LPRE15/013-20 por la cantidad de 146 millones 770 mil 440 pesos, con un periodo de prestación del servicio del 18 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar el monto adjudicado.

 Con el acuerdo CM1/054-20-LPRE1501320, de fecha 31 de diciembre de 2020, el coordinador de Administración y Finanzas del ISEM autorizó la ampliación del servicio y monto del contrato número ISEM-CA-SERV-LPRE15/013-20, por una cantidad máxima de 44 millones 30 mil 644 pesos, así como la ampliación al periodo de prestación del servicio del 1 de enero de 2021 al 18 de marzo de 2021.

 En el documento se mencionan un total de 67 hospitales ubicados en diversos municipios del territorio mexiquense, en donde la citada empresa brindaría los servicios de rayos X, tomografías, tomografías contrastadas, mastografías, resonancias magnéticas, densitometrías, fluoroscopias, ultrasonidos e interpretación.

 El documento también señala que la dependencia estatal dijo contar con la suficiencia presupuestal autorizada a través del oficio 208C0101310000L/SP-1557/2020, de fecha 8 de diciembre de 2020, por la cantidad de 231 millones de pesos y con cargo al presupuesto del 2021 de recursos del INSABI y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Ramo 33, bajo la partida 3996 denominada “Subcontratación de Servicios con Terceros”.

 Además, se modificaron algunas cláusulas, que señalan que el “prestador” está obligado a otorgar el servicio integral de imagenología con interpretación remota de imágenes y equipos en comodato en los lugares, condiciones y especificaciones requeridas por el Instituto, apegándose a lo establecido en el contrato, las bases del procedimiento que le dan origen, anexos y lo acordado en la Junta de Aclaraciones, obligándolo a pagar el monto señalado en el contrato, siempre y cuando el prestador cumpliera con la totalidad de sus obligaciones, además de los servicios debidamente otorgados.

 La segunda cláusula referente al monto del contrato se modificó porque inicialmente el Instituto estaba obligado a pagar la cantidad de 146 millones 770 mil 440 pesos, que con esa modificación pasó a 190 millones 801 mil 84 pesos por concepto especifico de la prestación de los servicios otorgados por el prestador, es decir, 44 millones 30 mil 644 pesos más.

 También se modificó el periodo de prestación del servicio — que en primera instancia sería del 18 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020—, para ampliarse del 18 de abril de 2020 al 18 de marzo de 2021 o bien hasta agotar el monto adjudicado.

 Además de Fred Rescala Jiménez, también participaron en la suscripción de dicho convenio Haydée Oliveros García, en su carácter de directora de Administración; Jesica Dayanira Cherizola Espinosa, subdirectora de Recursos Materiales, y Jorge Juan Palo Elliot Rodríguez, jefe de la Unidad Jurídico-Consultiva, además de Sergio Ruíz Reyes, jefe del departamento de Servicios Generales, en su carácter de Administrador del Contrato.

Financiamiento de seis gobiernos

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 3 de julio, Pablo Gómez expuso que el gobierno de Alfredo del Mazo es uno de los seis que financiaron a Latinus, a través de empresas pertenecientes a este emporio justificando el pago con la presunta adquisición de medicamentos y servicios de salud.

 Explicó que Latinus está conformado por cinco empresas, cuyo dueño es Cristian González Guadarrama, de las que dos de ellas están siendo usadas como instrumentales (BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic S.A. de C.V.), que cobran de entidades públicas. Es decir, “estas entidades públicas reciben productos farmacéuticos y servicios de salud”, señaló.

 Por este concepto, durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza se transfirieron a dicho emporio mil 117 millones 756 mil 786 pesos con 35 centavos. Los gobiernos de Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas e Hidalgo pagaron un total de dos mil 437 millones 285 mil 272 pesos con 96 centavos, entre 2019 y 2024.

 Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pagó a Latinus 381 millones 932 mil 681 pesos con 52 centavos.

 “¿Por qué se ha denunciado a este consorcio? Por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República”, enfatizó Pablo Gómez.

Sueldos millonarios

El periodista estelar de Latinus, Carlos Loret de Mola, ha acusado reiteradamente al gobierno de la 4T de perseguirlo políticamente. Esta vez ha afirmado que lo hace a través de la UIF. En este sentido, Pablo Gómez ha aclarado que “Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus”.

 Sin embargo, en la misma conferencia Gómez presentó los millonarios sueldos de quienes “hacen de la calumnia un negocio”, es decir, Loret de Mola y otros colaboradores del consorcio relacionado con el priista Roberto Madrazo Pintado, datos que, afirmó, “se han obtenido informaciones a través de inteligencia financiera de otros países y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan como inusuales los bancos mexicanos”.

 La empresa Latinus Media Group paga a sus colaboradores desde una cuenta en Delaware, Estados Unidos, un paraíso fiscal de ese país, donde no se aclara la naturaleza del dinero acumulado, detalló el titular de la UIF.

 La empresa ha pagado a los principales comunicadores adversos a la 4T cifras millonarias, empezando por Carlos Loret de Mola, con un monto de 9 millones 380 pesos; a Víctor Trujillo (Brozo), 5 millones 220 mil pesos; a Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 952 mil 781 pesos.

 “No se trata de persecuciones, mucho menos con las personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno”, postuló Gómez. Precisó que el gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de vías judiciales, “sencillamente porque el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas en este país nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia”, apuntó.

(Fotos: Especial Acta Semanal)