Vanessa Baez Escamilla
Actualmente, en el Estado de México prevalece un total de 19 mil 500 personas injustamente presas, de las cuales, tan sólo 2 mil 871 han recibido el beneficio de amnistía por parte del Poder Judicial del Estado de México; es decir, sólo el 14.7 por ciento logra acceder a ella.
Lo anterior, de acuerdo con cifras del colectivo Haz Valer Mi Libertad y datos investigados por Acta Semanal brindados por el magistrado Ricardo Sodi Cuellar en entrevista a medios.
La Ley de Amnistía en el Estado de México es uno de los beneficios en favor de la libertad de personas en condición de vulnerabilidad más lejanos para muchas familias, ya que, de acuerdo con las normativas, se aplica en favor de quienes están vinculados a proceso o cuentan con una sentencia donde se acredite que exisitó violación a los derechos humanos o fallas en la aplicación de los principios del sistema penal acusatorio.
Pero, ¿cómo hacer comprobables los casos de violencia del mismo sistema cuando no se cuenta con los recursos para hacerlo? Ese es el caso de miles de familiares de personas presas originarios de comunidades indígenas, que viven en condición de pobreza o no cuentan con aprendizajes de educación básica como la lectura.
Según la misma Ley, los sectores más vulnerables a sufrir algún tipo de violaciones a los derechos humanos durante su detención y vinculación a proceso son campesinos, indígenas, personas en situación de pobreza y de discriminación, quienes son silenciados por la misma opresión que les aqueja en la mayoría de las circunstancias.
Los delitos donde es aplicable la amnistía son los supuestos de aborto, delitos contra la salud, aquellos imputados contra personas campesinas e indígenas como la defensa de tierras, el robo, la legítima defensa de las mujeres, ser adultos mayores, la sedición y otros.
Estado de impunidad e insatisfacción del servicios gubernamentales
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2019, la satisfacción con el servicio policial en el Estado de México es de apenas el 19.5%, donde el 91.6% de personas han presenciado alguna vez actos de corrupción de forma frecuente.
Este escenario revela a un estado con altos niveles de detección de forma arbitraria a personas en situación de vulnerabilidad y niveles de baja confianza en las autoridades y las y los servidores públicos mexiquenses.
Gran parte de dichos casos se encuentran plagados de violaciones como tortura, desaparición forzada, extorsión y presión para que se declaren culpables, según el Primer Informe de Personas Injustamente Presas del Estado de México.
Tal es el caso de Leticia Cruz, privada de su libertad desde 2022 y quien actualmente enfrenta una lucha contra la pérdida de memoria, secuela de la tortura que vivió durante su aprehensión.
Leticia Cruz, las marcas de la violencia y la tortura del sistema
En entrevista con Acta Semanal, Francisca Hernández, madre de la joven privada de su libertad el 4 de junio de 2022 por el presunto robo de 650 pesos con violencia, narró los daños que su hija ha sufrido tras haber sido aprehendida en Tlalnepantla.
Leticia Cruz, maestra y dirigente de un colectivo de mujeres, salió una tarde en búsqueda de uno de sus vecinos que se encontraba desaparecido y, al llegar a la Fiscalía de Tlalnepantla, su familia no volvió a verla.
Francisca Hernández, en la desesperación y la búsqueda supo de su paradero hasta 48 horas después, cuando la chica ya se encontraba recluida en el Penal de Barrientos.
De acuerdo con el relato de su madre y sus abogados, Héctor Jacobo y Joceline Gallardo, la maestra recibió golpes en la cabeza y el estómago que afectaron gravemente su salud durante su detención.
“Ella fue golpeada y, hasta la fecha no ha sido atendida como debe ser, las lesiones están en la cabeza con un arma para que se confesara culpable que se convirtieron en coágulos. He pedido que le hagan estudios y una tomografía pero no le han hecho caso, yo hice lo posible para pagar la radiografía, pero hasta ahorita no se lo han hecho”, expresó su madre.
Entre las secuelas más significativas, Joceline Gallardo, abogada de Leticia Cruz, sostuvo que se encuentra la pérdida de memoria paulatina que ha ido sufriendo por los golpes recibidos en su detención.
“Ha sido una lucha tremenda, fue torturada, de tal forma en que ahorita está sufriendo la pérdida de memoria. Presentaba signos de tortura como pérdida de memoria por golpes en la cabeza, no sabe con qué objeto la golpearon”, expresó.
El testimonio de familiares y abogados de Leticia Cruz demuestra los signos de un sistema donde prevalece la violencia y falta de respuesta para garantizar los derechos humanos en cualquier fase del proceso penal.
“Ella es inocente y está encerrada, los que tienen dinero son los que están afuera. Yo, la verdad, soy pobre y tal vez por eso no me hacen caso, porque no tengo con qué pagar para que mi hija esté fuera”, concluyó su madre.
(Foto: Vanessa Baez Escamilla)
