Gabriela Landetta
La violencia feminicida en contra de las mexiquenses persiste aun en los municipios que cuentan con Alertas de Violencia de Género para erradicar este delito y, a pesar de que en 2022 y 2023 se destinaron 340 millones de pesos (mdp) para ese rubro, ocho de los 11 municipios alertados estuvieron en los primeros 20 lugares de la lista de las cien demarcaciones del país con más casos de feminicidio.
Este año se destinarán otros 260 mdp. Por ello, el Frente de Mujeres Organizadas del Valle de Toluca exige que la Secretaría de las Mujeres que presente un informe detallado sobre el uso de los recursos públicos que se ejercieron en las alertas durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, ya que no se ha logrado disminuir el índice de feminicidios.
A más de ocho años de que se declaró la primera de las dos alertas de género en el Estado de México por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, con el objetivo de “enfrentar y erradicar la violencia feminicida en territorio mexiquense”, la entidad sigue a la cabeza en el número de estos delitos en el país.
Entre 2015 —año en que se declaró la primera alerta— y noviembre de 2023 —último reporte que se tiene—, se registraron oficialmente 957 feminicidios, 86 de los cuales ocurrieron el año pasado.
Peor aún: ocho de los 11 municipios de la entidad en donde se declaró una o las dos alertas están incluidos en la lista de los cien municipios de todo el país con mayor número de casos de feminicidio.
Contrario a lo que podría pensarse, no es Ecatepec el que encabeza la relación de esos municipios mexiquenses, sino Toluca, con ocho casos. Le siguen Chimalhuacán, con siete, mientras que Ecatepec está en tercer lugar, con seis. Continúan Ixtapaluca y Chalco, con cuatro, respectivamente; Nezahualcóyotl y Naucalpan, con tres feminicidios cada uno, y Cuautitlán, con uno.
En el listado general de los cien municipios del país con mayor incidencia de feminicidios la capital del Estado de México ocupó el octavo lugar en noviembre, cuando un mes antes se encontraba en el cuarto sitio, de acuerdo con la información que mensualmente da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Inciertos resultados
En cuanto a las alertas, la primera de ellas, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio, cumplirá en julio próximo nueve años de haberse declarado en once municipios: Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco; en tanto que la segunda, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Desaparición, llegará a su quinto año en octubre próximo y fue declarada en siete municipios que ya contaban con la primera alerta: Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco.
La descripción que presentan las autoridades mexiquenses sobre estas alertas destaca que “con base en estas declaratorias, el Gobierno del Estado de México se compromete a adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar en medidas de seguridad, prevención y justicia, para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción el derecho a vivir en paz, garantizar su seguridad e integridad”.
Este año, la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, que encabeza Mónica Chávez Durán y que es responsable de coordinar las acciones relacionadas con las alertas, ejercerá un presupuesto de 260 millones de pesos autorizados por la LXI Legislatura mexiquense exclusivamente para ese rubro. La dependencia tiene a más tardar el último día hábil de febrero para informar, a través de la Gaceta de Gobierno, acerca de los mecanismos que se pondrán en marcha para la operación de esos recursos.
En 2022, por ejemplo, se estableció en el acuerdo correspondiente que la designación del techo presupuestal de cada municipio se realizaría “en razón del número de la población de mujeres, de la tasa de delitos vinculados a la violencia de género y, para el caso de la Alerta por Desaparición, de la tasa de mujeres por localizar, con base en lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Además, se precisaba que el recurso sería destinado a acciones encaminadas a cumplir los programas de trabajo y las medidas señaladas en las declaratorias, a través de cinco líneas de acción: fortalecimiento institucional, capacitación, medidas de atención asistencia y reparación a víctimas, así como búsqueda y espacios públicos.
También se especificó que la asignación del recurso a los municipios con alerta sería determinada por un comité técnico; que ese dinero no podría ser utilizado con fines electorales ni se podrían realizar traspasos entre cuentas propias, y que las actividades que se llevaran a cabo con ellos tenían que estar encaminadas a la mitigación de las alertas, entre otros puntos relevantes para el manejo adecuado de los 80 millones destinados a las dos alertas en 2022 y de los 260 millones para 2023, cifra igual a la que se ejercerá este año.
Sin embargo, aunque las reglas para el uso de esos recursos indican con claridad cómo y a qué deben destinarse para mitigar realmente las dos alertas de género, poco se sabe acerca del cumplimiento de los gobiernos municipales al respecto.
Para abordar este y otros temas relacionados con las alertas de género, Acta Semanal buscó entrevistar a la secretaria de las Mujeres, Mónica Chávez Durán, solicitud que, hasta el cierre de esta edición, no fue atendida. Hasta ahora, la dependencia se ha concretado a dar conocer, de manera superficial, que las instancias involucradas con las alertas realizan reuniones de trabajo interinstitucionales, sin informar sobre los resultados.
Rendición de cuentas, exigen feministas
Sobre este asunto, mujeres y colectivas feministas del Valle de Toluca han exigido a la Secretaría de las Mujeres rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos que se le han asignado y que, a través de los medios de comunicación locales, estatales y redes sociales oficiales, se abra a la sociedad mexiquense la información relativa a los recursos utilizados en todos los programas que coordinó esta dependencia entre septiembre de 2017 y septiembre de 2023, es decir, durante el sexenio de Alfredo del Mazo Maza.
También piden, a través de un pliego petitorio entregado en octubre pasado a las nuevas autoridades mexiquenses, el cual a la fecha no ha sido atendido, “resultados obtenidos por los grupos y espacios: brigadas de seguimiento, red naranja, centros naranja, centros de desarrollo de masculinidades positivas, unidades móviles o caravanas de justicia, y ciudad mujeres —del periodo 2018 a septiembre 2023—”.
Para este frente de mujeres y colectivas, “las alertas de género implementadas por el alto número de feminicidios y desapariciones de infancias en algunos municipios del Estado de México tampoco han sido suficientes para combatir esta problemática que se cobra la vida de las mexiquenses”.
Por otro lado, para constar la aplicación de los 80 millones de pesos para las alertas de género correspondientes al ejercicio fiscal 2022, las diputadas de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso mexiquense visitaron los once municipios alertados entre el 15 de marzo y el 16 de agosto del año pasado.
Al presentar el informe sobre las inspecciones físicas realizadas, la entonces presidenta de la Comisión y hoy directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIFEM, Karina Labastida Sotelo, dio a conocer que “en las unidades de análisis y contexto no existe uniformidad en el nombre, los perfiles, las funciones y la operación”, y que “aún no se sabe si las unidades tienen buenos resultados porque llevan poco tiempo y no tienen vinculación total con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”.
Se observó además que había vehículos de la Policía de Género y Célula de Búsqueda sin circular, debido a que no cuentan con placas de circulación y otros están en mantenimiento. También se detectó que en oficinas municipales vinculadas a la atención de las mujeres víctimas de violencia había computadoras sin utilizar, así como áreas donde las víctimas no tienen privacidad, y que las casas que funcionan como refugios solo las pintaron por las inspecciones, pero no formaban parte de la red de refugios.
En cuanto al rubro de la capacitación, se observó que “hay mucha rotación del personal certificado que dificulta la atención real a víctimas, por lo que se sugiere impulsar el servicio profesional de carrera; y, respecto a los memoriales por las víctimas se observó un sobreprecio en su construcción y sin consulta con familiares de las víctimas”.
Al respecto, los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México coincidieron en que lo realizado por los municipios no ha sido suficiente y se necesita un mayor monitoreo sobre la aplicación de recursos públicos; denunciaron que en muchas localidades hubo simulación con las políticas públicas, que había rotación o despido de personal certificado y que los memoriales representan un gasto costoso e innecesario, porque no existe identidad con los familiares de las víctimas.
En contraste, a través de un comunicado de la LXI Legislatura mexiquense, también se dan a conocer acciones positivas que las diputadas encontraron durante los recorridos de inspección. Entre ellas se mencionan el Sistema VIVE Mujer en Naucalpan, un sistema electrónico de registro único de víctimas; el Centro de Control para la Prevención de la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres del Valle de Chalco, conformado por 31 cámaras de videovigilancia y pantallas de monitoreo del Sistema de Control de Violencia de Género contra las Mujeres.
También señalaron el Sistema de Redes Vecinales de Nezahualcóyotl y de Cuautitlán Izcalli, donde Seguridad Pública se mantiene en contacto con la ciudadanía vía WhatsApp; el edificio rosa de violencia de género de Valle de Chalco, que brinda atención integral en un solo espacio; el violentómetro especializado para niñas y niños de Tultitlán, con un lenguaje más accesible y distribuido en los sistemas educativos.
Otras acciones positivas en operación son el Seguro Violeta de Tultitlán, con el que se aporta un apoyo económico y atención integral a las víctimas de violencia de género; la pizarra de acrílico para la búsqueda de personas de Toluca, para difundir boletines de búsqueda de personas desaparecidas; los botones de pánico y su vinculación con la Secretaría de Seguridad Municipal y la Unidad de Análisis y Contexto de Nezahualcóyotl, para atención inmediata de llamadas de auxilio, así como la Evaluación de Riesgo Feminicida de Tlalnepantla, para mejorar la identificación de zonas con focos rojos, y la recuperación, rehabilitación y apropiación de espacios públicos con perspectiva de género en todos los municipios alertados para recuperar espacios identificados con violencia.
