Vanessa Baez Escamilla
Históricamente, en el Estado de México las mujeres han luchado por ser parte de las instituciones, ocupar cargos públicos y ejercer el liderazgo para la toma de decisiones como uno de los mayores retos por vencer; sin embargo, en el caso de las mujeres indígenas, la falta de dichas garantías es mayor, aún en la actualidad.
Estos fueron algunos de los planteamientos que Carolina Santos Segundo, activista mazahua, maestra y experta en Derechos Humanos y Cooperación Nacional compartió durante la conferencia “Participación política de las mujeres indígenas: avances y desafíos en el Estado de México” organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación.
Al evento también acudieron la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez; la consejera electoral del mismo instituto, Laura Daniella Durán y la jefa del departamento de Atención a Mujeres y Pueblos Originarios, Marilyn Rayón Medellín.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en el Estado de México hay 417 mil personas mayores de tres años de edad que hablan alguna lengua indígena, de dicha cantidad 197 mil son hombres y 220 mil son mujeres, es decir: más del 52 por ciento de las comunidades están compuestas por mujeres.
Al respecto, Amalia Pulido reconoció que en la entidad prevalecen situaciones de desigualdad como los techos de cristal, que impiden a las mujeres indígenas desarrollar sus habilidades políticas.
“Ninguna persona debería sentirse en riesgo por ejercer sus derechos. Los techos de cristal, y también los de cemento, operan en forma distinta sobre unas mujeres que sobre otras y conocer el contexto que viven los diferentes sectores permiten ser más eficaces en el desarrollo de políticas de igualdad”.
Participación política de las mujeres indígenas como derecho
Frente a la coyuntura electoral que se vive en el Estado de México ante la contienda por la próxima gubernatura, algunos partidos políticos podrían tomar la bandera de reconocer a las mujeres indígenas; sin embargo, se debe aceptar que no hay estrategias eficaces que garanticen ese derecho, señaló la activista Carolina Santos.
“¿Cuánto dinero está presupuestado para la participación política de las mujeres indígenas en el Estado de México? Nadie lo sabe porque debería haber uno destinado para que se llegue a los puestos políticos y de elección popular”.
Por el contrario, las dificultades para acceder a dichos espacios se acrecientan por la falta de apoyo educativo, tecnológico y económico que las instituciones reproducen sobre las mujeres indígenas.
“Sólo hay un caso de una presidenta municipal (en la entidad mexiquense) que renovó para una segunda administración a diferencia de los hombres”, sostuvo en alusión a la alcaldesa de Temoaya, Nelly Rivera.
Ese hecho, de acuerdo con la experta y defensora de derechos, representa que los hombres son quienes tienen más posibilidades de dar continuidad a los cargos públicos que las mujeres.
Gestar el liderazgo desde la comunidad
Las comunidades son el primer contacto y el epicentro donde las mujeres indígenas deberían gestar el liderazgo y la participación para resolver sus necesidades de manera oficial, ya que históricamente han estado inmersas en acciones como tomas de decisiones religiosas, de administración de recursos naturales y servicios públicos; sin embargo, no sucede así.
“En un espacio de participación política debes tener un conjunto de habilidades desarrolladas y gestarse desde el primer campo de interacción. Las mujeres indígenas ya deberían estar siendo delegadas, jefas de seguridad, comisariadas y fiscales en el sentido religioso”.
Dichos territorios han sido mayoritariamente ocupados por hombres, aunque también depende de la forma de organización de las mismas comunidades.
“Se necesitan ocupar los cargo públicos como síndicas, regidoras, cargos honoríficos y como representantes de mujeres indígenas en instituciones y ayuntamientos”, señaló.
Discriminación y roles de género, dos obstáculos de participación
Para finalizar, la defensora de Derechos Humanos señaló que actualmente sólo dos municipios del Estado de México son considerados indígenas: Temoaya y San Felipe del Progreso, cuando realmente existen diversos asentamientos de comunidades en todos los municipios, lo que habla de una falta de representatividad, no sólo de personas, sino de mujeres indígenas a nivel estatal.
Además, los roles de género, discriminación, racismo y falta de representación son algunos factores que han impedido la participación política desde el ámbito comunitario hasta el municipal, estatal y nacional.
“La condición del origen afecta, pero aparte tenemos otras ocupaciones más grandes como cuatro o cinco jornadas de trabajo como el cuidado de los hijos y del hogar, el campo y personas enfermas”.
(Foto: Vanessa Baez Escamilla)
