Vanessa Baez y Sarahi Rojas
Al iniciar el gobierno de Alfredo del Mazo, el 16 de septiembre de 2017, la entidad registraba 74 casos de feminicidio al año. Para 2018, en su primer año de gobierno, aumentaron los casos a 118, y de 2020 a 2022 ya se registraban más de 120 cada año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

En este sentido, 2020 fue el año más letal para las mujeres de la entidad, ya que se registraron 152 casos de feminicidios, la cifra más alta hasta ahora.
En cuanto a desaparición forzada, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, la entidad concentra la quinta parte de desapariciones de mujeres y niñas a nivel nacional y reveló que la violencia de género está profundamente relacionada con la desaparición, específicamente de mujeres, adolescentes, niñas y niños, en el Estado de México.
Enero de 2023 fue el peor mes de en materia de desapariciones de mujeres en el Estado de México. En comparación con las 19 desapariciones contabilizadas en el mismo mes de 2022, el incremento es de 500 por ciento, confirmó un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Actualmente hay 114 casos de mujeres desaparecidas, lo que significa casi tres veces lo registrado en la Ciudad de México, que tuvo 40.

Termina administración con fallas en las instituciones e investigaciones de casos
“Lo que encontramos es que se pierden evidencias; el personal no investiga adecuadamente; empiezan una línea de investigación y no la incluyen toda; en el personal, las y los agentes del Ministerio Público tienen, para una sola persona, 700 carpetas por feminicidio, y por supuesto que no las atienden”, expresó Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional.
Un ejemplo de estas fallas en las investigaciones es el caso de Maisha Pamela, víctima de feminicidio el 9 de mayo de 2020 en el municipio de Temoaya. Matilde, madre de la víctima, señaló que en 2021 pidió la carpeta de investigación y encontró que el Ministerio Público no había seguido todas las líneas de investigación.
“En la carpeta ya salía el nombre de Luis “N” desde 2020, pero no lo habían investigado, y eso porque yo pedí una copia de la carpeta porque iba y que no había avances, pues como va a haber avances si no leen siquiera la carpeta”.
Matilde mencionó que incluso tuvo que recabar una prueba genética que vinculaba al agresor con la víctima. Cuando ésta resultó positiva se giró la orden de aprehensión en 2022, pero el Ministerio Público escribió mal el nombre de la genetista, al igual que la hora de la prueba, lo que provocó que el juez no diera una resolución positiva por esas irregularidades:
“Siento como si hubiera escalado una montaña muy alta, y ya que estoy por llegar a la cima, me bajan de un madrazo”, mencionó Matilde.

Colectivos como Amnistía Internacional han señalado que estas son deficiencias muy básicas y comunes en la entidad: “es responsabilidad del fiscal general del Estado de México hacer la reestructura necesaria al interior de la Fiscalía, solicitar los recursos que deba solicitar al Congreso del Estado y definir que los feminicidios son un delito de alto impacto, porque no están así definidos en el Estado de México”.
Familiares de víctimas de feminicidio han señalado que las madres son las que buscan, las que hacen las diligencias, las que van a decirle al agente del Ministerio Público: “pide la grabación que está en esa tiendita, investiga y entrevista a tal persona” e incluso tienen que buscar un trabajo de noche para buscar a sus hijas de día”, como señaló Matilde:
“Todavía que me arrebataron a mi hija tengo que hacer su trabajo”.
Asimismo, expresaron que “la dependencia no busca a las personas ni las encuentra por la falta de recursos, de interés y de importancia a los feminicidios”, y que la falta de leyes o de protocolos no es el problema, sino “la ejecución de estos, lo que hace difícil las investigaciones y el acceso a la justicia”.
“Esta Fiscalía requiere personal especializado, para que no sean las madres las que busquen a sus hijas”, expresó Edith Olivares.

Nuevo gobierno deberá saldar deuda de justicia y verdad
A pocos días de la elección de gubernatura en el Estado de México, madres y familiares de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición buscan ser escuchadas por las candidatas para que sus exigencias sean atendidas y respondidas de forma directa: “es lamentable que las candidatas no puedan tener ni media hora para atender a las madres de víctimas de feminicidio”, señaló Laura Curiel, madre de Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en Tlalnepantla, 2015.
Pese a las propuestas que Del Moral y Delfina Gómez han expuesto desde el arranque de su campaña, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, expresó en conferencia de prensa a las afueras del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que estas no se apegan a la realidad de “justicia” y “verdad”.
“Hemos observado que hay una agenda que están proponiendo las candidatas que tiene algunas propuestas sumamente generales que no atienden a la especificidad del Estado de México, no atienden a la situación de violencia feminicida que se da, ni tocan ninguna propuesta relacionada con la violencia que viven estas familias”, mencionó.

¿Qué proponen Delfina Gómez y Alejandra del Moral para disminuir la violencia?
Hasta el momento, las principales propuestas que Alejandra del Moral y Delfina Gómez han realizado en materia de combate y prevención de la violencia hacia las mujeres se basan principalmente en el fortalecimiento de la Policía de Género, creación de aplicaciones tecnológicas y botones de pánico frente a situaciones de peligro, apoyos económicos, así como capacitación y sensibilización de personal en las instituciones.
En el caso de Delfina Gómez, la candidata también señaló que su gobierno buscará la mejora de los Ministerios Públicos y la implementación de peritos con perspectiva de género, así como mejorar el sistema de búsqueda para personas desaparecidas: “es un tema que tenemos pendiente”, mencionó la contendiente durante el Segundo Debate.
Sin embargo, Laura Curiel expresó, respecto a dichas propuestas, que para la creación de mecanismos sólidos era necesario escuchar previamente los análisis, las deficiencias y las problemáticas que las familias de víctimas han identificado en las instituciones, personal y protocolos de actuación de forma directa.
“En su agenda no vemos el tema de género. El tema de género conlleva: violencia hacia las mujeres, desaparición, feminicidio, verdad y justicia. No tenemos ningún tipo de propuesta de campaña en los espacios que ellas estén donde digan que escuchen el análisis que hemos detectado, la temporalidad de cada quién (cada caso es diferente)”.

Rechazan viabilidad de la Policía de Género: “siguen incurriendo en violencia y abuso de poder”
Respecto a una de las principales propuestas promovidas por Alejandra del Moral y Delfina Gómez para la implementación y fortalecimiento de la Policía de Género, Laura Curiel y Edith Olivares, denunciaron, han sido testigos de que dichos elementos han incurrido en abusos de poder contra familiares de víctimas.
“Nos encontramos con mucha falta de coordinación y falta de trabajo. Nos sorprende que la Policía de Género hoy en día, a pesar de todo, violente, y violente a una mujer”, señalaron.
Así mismo, indicaron que la cantidad de policías no define la efectividad de su labor, por lo que sería necesaria una evaluación continua de sus labores:
“Está bien, o tener más o menos policías de género, el tema es, tener más allá del número de funcionarios y funcionarias públicas, la efectividad del trabajo que realizan, de manera que también se requiere la evaluación de su trabajo y que podamos ver los resultados”, apuntó Olivares.

(Fotos: Vanessa Baez / Sarahi Rojas / Redes)