La Emergencia Sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha desnudado una serie de limitaciones en la administración pública de los tres niveles de gobierno, y puso al descubierto no solo su falta de capacidad para comunicar de manera clara y articulada los programas, políticas, servicios y acciones que llevarían a cabo en beneficio de la población en un momento de crisis, sino también, el evidente retraso que se tiene en muchos temas, como el abasto de agua, cobertura y sistemas de salud, digitalización de servicios, protocolos de actuación, acceso a tecnologías de la información, programas de desarrollo sostenible, entre otros.
Alejandro Rodrigo Falcón
La incertidumbre de la duración de la emergencia sanitaria, del aumento o disminución de contagios, del avance en el semáforo epidemiológico para el regreso de actividades y apertura de servicios, son algunos de los factores que han generado desconcierto no solo en los ciudadanos, sino en las mismas dependencias gubernamentales.
Este momento histórico ha dejado muchas lecciones, pero también, muchos más retos que los que se tenían antes de la llegada de la pandemia y los gobiernos deben actuar en consecuencia de manera urgente, por ello, hoy más que nunca tienen vigencia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, cuyo principio establece “para no dejar a nadie atrás”, pero, durante la emergencia derivada del Covid-19 ¿cuántos se están quedando atrás? El retroceso en muchos rubros ha sido mayúsculo.
En este sentido, es necesario preguntarnos qué están haciendo las instancias gubernamentales para avanzar en dichos objetivos, es importante replantearse la vinculación que deben tener los ODS de la Agenda 2030 no solo con los planes de desarrollo, sino con los programas y planes sectoriales, políticas públicas y, por supuesto, con los presupuestos. Mientras sus objetivos y metas no sean vinculatorios de manera normativa, se les destinen recursos, se generen indicadores vinculados a programas y se evalúe su avance, seguirán siendo una lista de buenos deseos.
A pesar de que se ha hecho un esfuerzo institucional como la reforma a la Ley de Planeación de 2018, que en su artículo quinto transitorio, sentó un precedente para considerar la adopción de la Agenda 2030 como un compromiso vinculante a integrarse en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, y que se ha instalado el Consejo Nacional y los consejos estatales y municipales para la atención de la Agenda 2030, no ha sido suficiente, ya que éstos últimos han sido órganos integrados y dirigidos principalmente desde el gobierno, para cumplir una formalidad, haciendo falta una mayor visión de corresponsabilidad y participación que promueve la agenda global, por lo cual, se debe fortalecer la colaboración multi-actor y multi-sector en dichos mecanismos, mediante la integración vinculante de los representantes de la academia, la iniciativa privada y la sociedad civil organizada.
Al respecto, cabe hacer mención, que el Estado de México fue la primera entidad en contar con un Plan de Desarrollo alineado con los ODS de la Agenda 2030, lo cual ha permitido dar un seguimiento a las líneas de acción de la agenda.
También, el pasado 24 de agosto del año en curso, se presentó la Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, que analiza el marco normativo federal identificando leyes que pueden ser adicionadas, reformadas o derogadas para adecuarse con los objetivos y metas que persigue la Agenda, a fin de volver realidad el desarrollo sostenible en México. Si bien, es un documento que marca una hoja de ruta, también lo es (como lo menciona el propio documento), solo un exhorto a las y los integrantes de la Cámara de Diputados para impulsar la transversalización de la Agenda, es decir, una invitación a generar cambios legislativos y eso se traduce en que haya voluntad política de las y los legisladores para concretar las propuestas que el documento menciona.
En este sentido, y a menos de una década del plazo para cumplir con los ODS, la ruta para transversalizar el enfoque de sostenibilidad en los programas y acciones de gobierno aún está en una fase inicial, la crisis generada por el COVID-19 puede servir de catalizador para un cambio social y ofrece una oportunidad para llevar a cabo un cambio sistémico y elaborar planes hacia un futuro más sostenible e igualitario.
Para incidir en estos cambios, es de vital importancia implementar acciones vinculantes con la Agenda 2030 a nivel municipal, pues es el gobierno más cercano a la ciudadanía, es en lo local donde se deben generar los grandes cambios: mejorar los mecanismos de coordinación multi-actor y multi-sector efectivos, ya que en muchos casos se presenta duplicidad de esfuerzos; trabajar desde una perspectiva de integralidad, que considere simultáneamente las dimensiones social, económica y medioambiental del desarrollo; implementar procesos participativos e incluyentes en la planeación de políticas públicas; generar indicadores específicos en los Planes de Desarrollo y en los programas municipales para el cumplimiento de las Metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible; vincular el presupuesto municipal al cumplimiento de metas establecidas en los ODS; establecer mecanismos, incentivos y condiciones que permitan asegurar la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de los objetivos; y, adecuar la normatividad municipal al cumplimiento de la Agenda.
La planeación e instrumentación de políticas públicas debe trascender las administraciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, esto deberá ocurrir pronto, y mientras más rápido actuemos, menos personas estaremos dejando atrás. La Agenda 2030 es eso: una agenda más allá de una administración, es una agenda para el presente y para el futuro.
