Osvaldo García
En entrevista con Diario Portal, el abogado y activista Paulo Díez Gargari aseguró que la próxima semana presentará una denuncia en contra del actual secretario de Comunicaciones y Transportes federal (SCT), Jorge Nuño Lara, por el delito de encubrimiento, ya que no ha emprendido las acciones de recuperación del Viaducto Bicentenario, el cual sigue siendo explotado por la empresa Aleatica, antes llamada OHL, aún cuando ya los jueces han reconocido que es un bien nacional, y no existe validez en los convenios celebrados con el gobierno del Estado de México del entonces gobernador Alfredo del Mazo.
A pesar de que el juez de circuito Daniel Ramírez Peña, en la audiencia celebrada la semana pasada, 12 y 13 de marzo, decidió no vincular a proceso a los exsecretarios de gobierno Ernesto Nemer y Gilberto Limón, además de ordenar el sobreseimiento del caso; esto es independiente, pues el mismo juez reconoció que no hay validez en el documento firmado en octubre de 2020 que otorgaba el permiso estatal de explotación de esta vía, pues no tendría competencia la autoridad estatal sobre la ley federal, ya que para ello se necesitaría una concesión que no existe.
Concretamente, argumenta el abogado, en el Artículo 75 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala que en cuanto la SCT tenga conocimiento “de que una vía general de comunicación es explotada sin concesión del gobierno federal, y este Artículo no habla de convenios, ni de contratos, sino de concesión, debe asegurar las obras e instalaciones”.
Por lo que Díez Gargari envió un escrito este 20 de marzo dirigido al secretario Nuño para señalar que la SCT debe cumplir con lo estipulado con la citada ley, de lo contrario estaría incurriendo en encubrimiento.
Y por lo mismo, el abogado ha pedido la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Secretaría de la Función Pública (para deslindar las responsabilidades administrativas, ya que son funcionarios), del Órgano Superior de Fiscalización (por posibles daños a la hacienda pública) y del fiscal general de la República para las responsabilidades penales.
En este último caso, la Fiscalía General de la República ya lo está haciendo por la explotación ilegal de un bien nacional, a lo que el abogado sumaría la denuncia en contra del secretario Nuño, del actual director de Desarrollo Carretero Héctor López Leal, quien -aseguró el abogado- es socio del secretario “en una empresa de consultoría desde hace muchos años, y uno de sus clientes era OHL”. Así como de su actual abogado José Luis Palomares. Además, en contra de Ricardo Horacio García Cano, anterior director general de Desarrollo Carretero, personaje que en palabras del abogado fue destituido “para evitar la contingencia” que se veía venir por este caso.
Lo que pide el abogado es se haga una investigación integral del caso, ya que Nuño Lara ha mentido, “se hace tonto” y “se atrevió a decir que este convenio había sido validado por la Secretaría de la función Pública, lo que es claramente falso, porque yo pedí a la Secretaría que me diera copia de cualquier documento en que hubiera validado ese convenio y me contestó en un oficio que es clarísimo, que consultó en todas las áreas que posiblemente pudieran tener relación y todas le dijeron que no habían validado absolutamente nada. Es decir, eso claramente encuadra dentro del delito de encubrimiento, que como bien señaló la Fiscalía en su comunicado es objeto de todos estos actos y convenios fraudulentos. Así los llamó la Fiscalía, que desde hace tiempo, desde que llegó a la Secretaría, se han realizado con el propósito de encubrir el delito de explotación de viaductos sin concesión del gobierno”, argumentó.
De acuerdo con la ley mencionada, afirmó el abogado, existen los fundamentos legales para proceder al aseguramiento de las obras e instalaciones del Viaducto Bicentenario, y también hay elementos suficientes para que “este señor (Nuño) vea que ha quedado desenmascarado y la simulación ya no puede seguir llevándola a cabo”.
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