Gabriela Landetta
La tala clandestina, además del daño que provoca al medio ambiente, impacta la parte social, al motivar la migración por pobreza de los pueblos rurales y de las comunidades indígenas, pérdida del patrimonio biocultural, impacto en lo económico, porque se trata de un robo, aumento de la desigualdad respecto del derecho humano a un ambiente sano y la presencia violenta del crimen organizado, así como la pérdida de seguridad social y fuentes de empleo tradicionales.
Así lo manifestó Lucero González García, asesora forestal comunitaria de la región de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, al referirse a todas las implicaciones negativas relacionadas con este delito contra el cual luchan de manera permanente los comuneros de esa región.
“Las comunidades indígenas forestales han hecho uso del bosque por mucho tiempo, y nunca lo fregamos, pero algo cambió y empezamos a clasificar la tala, esto con trabajo de los bienes comunales de San Juan Atzingo, desde 2018”, expresó la especialista con estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Chapingo.
Así fue que clasificaron la tala que se hacía en la zona en tres grandes grupos. En el primero de ellos se ubicó la que se realiza para la vida diaria de las comunidades, mientras que en el segundo ya se tiene registrada actividad ilícita, al tratarse del abasto ilegal de las carpinterías locales.
Mencionó, al respecto, que en la década del 2000 “un efecto de la política estatal fomentó la creación de carpinterías, pero se les olvidó darles una fuente de abasto legal de la madera a esas carpinterías. Entonces crece la demanda de madera sin una fuente de abasto legal y, obviamente, sustentable”.
Y ya en el tercer grupo de la clasificación se tiene la tala ilegal industrial, que está relacionada con el crimen organizado. “Esta tala desmedida que está trabajando sobre cosas totalmente perversas”, alertó González García.
Ante esa situación, manifestó que es necesario realizar un conjunto de acciones para abatir este delito. Mencionó que, por ejemplo se deben aplicar servicios de inteligencia financiera, patrimonial, fiscal y forestal a las madererías o aserraderos. “Cuando los aserraderos de Ciudad de México fueron clausurados, bajó la tala en San Juan Atzingo”, expresó.
También dijo que se deben reformar y armonizar los códigos penales federal y estatal para sancionar este delito bajo los mismos criterios; asimismo, dijo que es urgente la reforma y publicación del reglamento de la Ley Forestal, ya que mientras esta es un ordenamiento muy actualizado, el reglamento data de hace 15 años.
Señaló además que se debe capacitar a quienes forman parte de instituciones vinculantes en investigación de delitos ambientales, ya que, por ejemplo, muchas veces los ministerios públicos no entienden qué son los delitos ambientales y suelen soltar a los infractores.
La asesora agroforestal mencionó que otro aspecto en el que debe trabajarse es en la modernización de la documentación forestal, ya que “seguimos trabajando con formatos muy añejos, que además son fácilmente falsificables, ¿y qué tal si tienen códigos de barras y hacemos otras cosas?”, expresó.
(Foto: redes)
