Leobardo Hernández
En un acto que implica la intromisión del Poder Judicial en el Legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el mando de la ministra Norma Piña, pretende echar abajo el concepto de prisión preventiva, con lo que alrededor de 68 mil presuntos implicados en feminicidios, homicidios, secuestros, abuso sexual infantil, entre otros delitos, saldrían en libertad inmediata de concretarse esta iniciativa.
Así lo advirtió la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda al mando en el país expuso que “la Constitución establece en el artículo 19, segundo párrafo, que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva para poder garantizar de entrada que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos”.
Al respecto, explicó que “la suprema corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos”.
Sobre esta línea, Luisa Alcalde que la premisa del órgano internacional “obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto” a ajustar la disposición legal, hecho que compete en primera instancia al Congreso de la Unión; no obstante, “creemos que la suprema corte no sólo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Por ello es que, el viernes pasado, el Gabinete de Seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones”.
Acotó que, de concretarse la acción unilateral de la SCJN, se liberaría de inmediato a 68 mil presuntos delincuentes en condición de prisión preventiva oficiosa: “11 mil 640 acusados de homicidio, siete mil 150 acusados de secuestro, cinco mil 617 de violación, cuatro mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, tres mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada”.
La incompetencia del Poder Judicial
En este sentido, una de las entidades que más resentiría el impacto en la inseguridad sería el Estado de México, “donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse”.
La secretaria de gobernación agregó que “esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los Estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse”.
A su vez, detalló que es precisamente el Poder Judicial el encargado de defender los principios constitucionales como la soberanía nacional, al establecerse en la Carta Magna que “ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político ni su forma de gobierno; hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia”.
Igualmente hizo patente que “también el artículo 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación”.
Reiteró que “la suprema corte se excede al anular una disposición constitucional cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión, a través de los diputados y los senadores con dos terceras partes con la ratificación de la mayoría de los Congresos locales. Nos parece que esta decisión el Poder Judicial es asumirse como el gran poder de los poderes”.
Finalmente, Luisa María Alcalde Luján alertó que “diversos juzgados federales han ido aún más lejos porque, sin que la suprema corte de la justicia se haya pronunciado sobre este tema, el pleno de la región Centro Norte, que comprende 18 estados, emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de estos 18 estados a conceder suspensiones de amparo que promuevan las personas que tienen órdenes de aprehensión precisamente por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; eso, en cumplimiento de la sentencia de la corte interamericana. Es decir, los juzgados penales se le adelantaron ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiendo unilateralmente un asunto que todavía no está resuelto por el Estado mexicano”.
Por estos hechos, hizo un contundente llamado “a la corte a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”.
(Foto: presidencia)
