Leobardo Hernández
“La reforma electoral fortalece nuestra democracia”, sostuvo la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, tras explicar que dicha propuesta de AMLO plantea la consolidación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, con la absorción de los 32 Oples para reducir el gasto en órganos que duplican funciones, y que se reduzca el número de consejeros de 11 a 9 con un periodo de gestión de 6 años, en vez de 9 que duran actualmente.
El propósito de suprimir los Oples y entidades electorales estatales es porque duplican las funciones del INE y consumen una extraordinaria cantidad de presupuesto, pues para su función este año se les asignó 49 mil millones de pesos, mientras el Tribunal Federal Electoral ostenta 3 mil mdp.
En total, con el dinero asignado a partidos políticos, se gastan alrededor de 70 mil millones de pesos en estás instancias, haya o no elecciones, hecho que manifiesta la urgente reducción de burocracia y el aumento de efectividad democrática.
La propuesta plantea la reducción del presupuesto para partidos políticos a la mitad, “sólo esta reducción va a ahorrarnos 35 mil millones de pesos de 2025 a 2030”, precisó Alcalde Luján.
El nuevo esquema también contempla la elección popular de los magistrados de dicha instancia para evitar que sean impuestos por los partidos políticos con sesgos de afinidad como se ha hecho hasta ahora. De aprobarse esta reforma, sostuvo Alcalde, la elección de estos funcionarios se llevará a cabo el próximo año.
Asimismo, propone eliminar 200 diputaciones y 64 senadurías plurinominales con el propósito de que las cámaras de diputados y senadores se compongan únicamente con legisladores electos por voto popular, y eliminar “las famosas listas”. En correspondencia con este principio, “los congresos locales tampoco tendrán diputados plurinominales”.
Se descartan 459 diputados locales plurinominales. Los estados con menos del millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán incrementarse en uno por cada 500 mil habitantes hasta un máximo de 45.
También disminuye el número de regidores y concejales. Sólo habrá una sindicatura por ayuntamiento y hasta 9 regidores y concejales, en función del número de habitantes del municipio o la alcaldía.
En tanto, la iniciativa postula que las consultas populares puedan realizarse en la misma fecha de elecciones para garantizar una mayor participación, y reducir del 40% al 30% del padrón electoral válido que participa en éstas para que sean vinculatorias, es decir, que incidan en las decisiones de gobierno; aspectos que actualmente no se marcan en la ley.
Por otra parte, se postula que las organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada tres años antes del proceso electoral y no cada seis años después de las elecciones, como ocurre actualmente. Esto impide la participación de fuerzas políticas emergentes en periodo electoral.
(Foto: presidencia)
