Eric Rosas
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19 de febrero de 2024
1984
El mundo en el que vivimos se ha transformado radicalmente en los años más recientes. De manera especial, las generaciones más jóvenes prácticamente resuelven todas sus necesidades en el entorno digital, desde las más importantes, como laborar a distancia, ordenar comida o estudiar en línea, hasta las más intrascendentes, como adquirir entradas para algún espectáculo, jugar videojuegos o realizar compras. Pero esta creciente interacción en el mundo digital ha causado que gran parte de nuestras vidas y nuestros historiales de toda índole, queden expuestos a las violaciones de seguridad, comúnmente conocidas como hackeos, de las diversas plataformas comerciales y de las bases de datos gubernamentales.
En la actualidad la aplicación de algunas técnicas de la inteligencia artificial, como el reconocimiento de patrones, permiten a las empresas conocer a sus usuarios al punto que pueden anticiparse a sus necesidades o hasta inducirlos a la adquisición de los productos o servicios que aquéllas comercializan. También las dependencias gubernamentales cuentan con una cantidad de información cada vez más creciente y sensible de los ciudadanos: los historiales médicos, las preferencias electorales, la información fiscal y financiera, etc. Y aunque un gobierno digital ofrece un mayor grado de transparencia y reduce las posibilidades de corrupción en gran medida, también somete una biena cantidad de información crítica de los contribuyentes al riesgo permanente de ser robada o mal utilizada. En México, por ejemplo, en los años más recientes hemos sido testigos de hackeos a entidades tan importantes como la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Petróleos Mexicanos y hasta la Presidencia de la República; en los que la información de muchos ciudadanos y de la seguridad nacional ha quedado expuesta o fue sustraída.
Ante esta realidad, es importante que el país cuente con un marco legal que brinde seguridad en el ámbito digital; es decir, en el ciberespacio; al igual que como se ha hecho ya en muchos otros países. No obstante, el control que el gobierno pueda adquirir bajo el mandato de una legislación como tal debe estar perfectamente acotado, para que no traspase la delgada línea que delimita al espionaje o la censura, con la facilitación de la función de vigilancia del Estado Mexicano y la salvaguarda de la información de las instituciones y de los pobladores.
Aparentemente con esta segunda idea es que en la LXVI Legislatura se ha venido impulsando desde hace algunos meses la iniciativa de una Ley de Ciberseguridad; misma que estaría siendo aprobada por las Comisiones Unidas de Seguridad, y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara Baja en fechas muy próximas, ya que el pasado miércoles 14 de febrero ambas comisiones aprobaron la metodología que seguirán para su dictaminación; la cual se espera pueda llevarse a cabo en la sesión programada para el 28 de los corrientes.
Lo preocupante de esta propuesta es que parece enfocar la problemática de la inseguridad cibernética solamente desde el punto de vista del gobierno, pero no incluye la perspectiva ciudadana; es decir, la que antepone derechos humanos tan fundamentales como la libertad de expresión o la privacidad. La iniciativa prácticamente otorgaría todo el poder a la SEDENA y a la Secretaría de Marina para vigilar el ciberespacio e intervenir en él de la manera y cuando así lo consideren necesario bajo la sola sospecha de actividades riesgosas o ilegales; lo que muy fácilmente podría tentar a estas autoridades o a sus superiores para realizar espionaje en contra los ciudadanos, censurarlos en las redes sociales o acusarlos de la comisión de delitos de producción o difusión de contenidos calificados unilateralmente por el gobierno como desinformación o incitación a la hostilidad.
La iniciativa de Ley de Ciberseguridad apenas está iniciando su camino, pero de llegar a ser aprobada como fue presentada hace unos días, podría convertir al Gobierno Mexicano en el Gran Hermano que todo lo veía y escuchaba en “1984”.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
