Leobardo Hernández
La reforma que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial permitirá corregir las deficiencias del sistema de justicia mexicano a través de la elección de ministros y jueces con el voto ciudadano directo, pues, sostuvo el presidente, “está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco”.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional de este lunes, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, en presencia del mandatario, detalló los principales ejes de esta propuesta turnada por el ejecutivo federal al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero.
En primera instancia, Alcalde Luján expuso que la reforma propone la reducción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que actualmente son 11, a 9 integrantes, cuyo periodo en funciones será de 12 años, en contraste con los 15 años que se ostentan en el cargo actualmente.
Para la mejor operatividad en la impartición de justicia, desaparecerán las 2 salas que actualmente integran a la SCJN, y sólo sesionarán en un pleno común de forma pública, con el fin de garantizar la máxima transparencia de las deliberaciones judiciales emitidas por la instancia, para evitar procesos discrecionales en detrimento de la justicia.
Ahora sí se vigilará que se haga justicia
En este sentido, se plantea la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que supervisa la correcta impartición de justicia; no obstante, está presidido por la propia presidente de la SCJN, Norma Piña, por lo que en decisiones controversiales de la Suprema Corte, el CJF es juez y parte, por lo que hay precedentes de defender conflictos de intereses con dichas deliberaciones.
Con la desaparición de dicha instancia, se crearán el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Debido a que la función de ambos será recibir denuncias y revisar la integridad de las decisiones de la SCJN, ninguno estará subordinado a ésta como lo está el CJF.
El TDJ estará integrado por 5 ministros electos vía voto directo a nivel nacional, y estarán en funciones durante 6 años. Éstos serán propuestos por los 3 poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).
Asimismo, tendrá la facultad de recibir denuncias de cualquier individuo o entidad y de llevar a cabo investigaciones sobre ministros, magistrados, jueces y personal judicial en casos de acciones que contravengan la ley, el interés público o la adecuada administración de justicia. Estas acciones pueden incluir actos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, así como fallos que no cumplan con los principios de objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo. Y podrá imponer amonestaciones, multas, suspensiones y destituciones, con excepción de los ministros. En el caso de estos últimos, el Tribunal de Disciplina Judicial está facultado para iniciar un proceso de juicio político ante el Congreso de la Unión.
En cuanto al OAJ, se encargará de las labores administrativas, de gestionar la carrera judicial y de supervisar los aspectos internos, además de ser responsable de la elaboración del presupuesto del Poder Judicial. Estará integrado por 5 personas. Una será designada por el ejecutivo (presidencia de la república), otra por el legislativo (Congreso de la Unión) y las 3 restantes por la SCJN.
Que no se hagan conchas los jueces
Uno de los principales problemas del sistema de justicia es la lentitud en los procesos, muchos inician y no terminan en plazos razonables, o simplemente no terminan. Así, para garantizar procesos efectivos, Luisa Alcalde expuso que la propuesta de AMLO fija un límite de seis meses para resolver asuntos relacionados con impuestos y de un año para delitos penales. Si estos plazos se exceden, la autoridad judicial debe explicar y justificar las razones del retraso al Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene la facultad de investigar y sancionar la tardanza.
La reforma también postula el impedimento para conceder suspensiones contra leyes de efectos generales en casos de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Esta medida se implementa tras el caso de la Ley Eléctrica, aprobada por el Congreso de la Unión, pero cuyos efectos fueron anulados por solo dos ministros de la Suprema Corte.
Respecto a los fondos acumulados por la SCJN en fideicomisos, se plantea que éstos se incorporen al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Dicha cantidad asciende a alrededor de 15 mil millones de pesos.
Así serían las elecciones de jueces y magistrados
Si la propuesta de reforma es aprobada, se llevará a cabo una elección extraordinaria en 2025 para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Los actuales titulares de estos cargos podrán presentarse como candidatos en igualdad de condiciones. Luego, este proceso electoral se sincronizará con las elecciones ordinarias intermedias y presidenciales.
Las candidaturas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán sometidas a votación a nivel nacional en elecciones ordinarias. Se presentarán 30 candidaturas propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por su parte, los mil 633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito serán elegidos en cada uno de los 32 circuitos judiciales en elecciones ordinarias. Cada cargo contará con seis candidaturas paritarias, dos propuestas por cada uno de los Poderes de la Unión.
(Foto: presidencia)
