Eric Rosas
Tiro de gracia
La comunidad estudiantil de posgrado de todo el país enfrenta una de sus peores crisis en medio siglo, desde que comenzara a operar el antiguo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Como se alertó en repetidas oportunidades desde que se conoció la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic), que elaboró la actual titular de la dependencia federal encargada de promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico, el fraseo con el que se refería al financiamiento para el programa de otorgamiento de becas para estudios de posgrado era peligrosamente difuso y abría la puerta para que la administración en turno pudiera disminuir arbitrariamente el monto de los recursos asignados para formar a los especialistas altamente calificados que requieren nuestra economía y sociedad.
Ahora que dicha propuesta presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal se ha convertido en ley —aunque contra la misma existen varias órdenes judiciales de suspensión, algunas definitivas; así como recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, todos esos malos presagios se han convertido en una pesadilla para miles de jóvenes mexicanos.
Si se revisan los Presupuestos de Egreso de la Federación para lo que va del presente siglo, es posible constatar que nuestro país vio crecer consistentemente su inversión en el programa de formación de talento en el periodo del 2007 hasta alrededor del 2016, pasando dicho monto aprobado de cerca de cinco mil millones de pesos hasta el doble en la misma década. Fue en el último tercio del gobierno encabezado por el presidente Peña cuando dicho monto se estancó en tal cifra. Sin embargo, con la llegada de la actual administración federal, el monto solicitado por el CONACyT no sólo continuó sin aumentar, sino que, en la primera mitad del sexenio (2018-2020), experimentó un descenso de aproximadamente un 10 %, para luego regresar a poco más de los diez mil millones de pesos en el 2021 y mantenerse alrededor de ellos por los años subsecuentes, incluyendo lo que ahora se encuentra solicitado para el ejercicio del 2024, el último de este gobierno.
Pero una cosa es el dinero que la Cámara de Diputados le aprobó del 2019 al 2023 al CONACyT y en los meses por venir le aprobaría a su sucesor, y otra muy distinta es lo que efectivamente se ha ejercido por la dependencia para brindarle a los estudiantes mexicanos la posibilidad de continuar su formación profesional, ya sea en instituciones de México o en el extranjero. En este segundo caso llama mucho la atención el hecho que, al menos en el periodo comprendido entre 2007 y 2020, el presupuesto ejercido prácticamente fue idéntico al autorizado; no obstante, en los dos años más recientes de los que ya se tienen los correspondientes informes de gasto (2021 y 2022), hubo subejercicios que podrían alcanzar el 15 % en promedio.
Esta combinación de la reducción en el monto solicitado-aprobado y sus subejercicios ha traído como resultado una consecuente disminución en el número de becas que, de otra forma, habrían podido brindarse a cientos de jóvenes mexicanos; quienes ahora han visto truncadas sus aspiraciones de mejora profesional y movilidad social. A dicha afectación en el plano personal, el lamentable recorte en el programa de formación de talento especializado del otrora CONACyT le agrega una crisis futura a México. En unos años este faltante de especialistas se hará evidente y podría convertirse en el tiro de gracia para nuestra débil economía.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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