Eric Rosas
Al tiempo
La semana pasada se supo que el otrora Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) aceptó, en su acta CT/X/23, correspondiente a la décima sesión del 2023 de su Comité de Transparencia (CT), que no existe ninguna “…expresión documental que de cuenta de algún expediente que contenga presuntas redes de intereses creados alrededor del [Centro de Investigación y Docencia Económicos] CIDE, del presunto desvío de funciones y [Centros Públicos de Investigación] CPI neoliberales, toda vez que dicha información no obra en los archivos de la Dirección General [del CONACyT], de la Unidad de Asuntos Jurídicos y (sic) de la Coordinación de Comunicación.”
Esto implica que son totalmente falsas aquellas acusaciones hechas por la titular del CONACyT, la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, en la conferencia de prensa que diariamente ofrece el primer mandatario federal, realizada el 3 de mayo de este 2023, mediante las que aseguró que investigadores del CIDE pertenecían a una red de intereses económicos creada para beneficiar a académicos, a los propios investigadores y a empresarios; y mostró la memorable diapositiva elaborada al estilo de las que se usan para graficar a las organizaciones criminales.
Este documento sienta un precedente porque representa la primera evidencia de que la bióloga ha utilizado sistemáticamente la mentira en sus declaraciones, con el propósito de apuntalar el tendencioso e inexacto discurso usado en la presente administración federal, para con éste justificar las acciones emprendidas en contra de todos los programas de las distintas políticas públicas diseñadas e implementadas por gobiernos anteriores.
En particular, la directora general ha faltado a la verdad en incontables ocasiones; por citar algunas: la ya desmentida a causa del requerimiento presentado a la dependencia por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); los anuncios hechos durante los peores meses de pandemia respecto de que el CONACyT desarrollaría y entregaría ventiladores para atender a los enfermos críticos; la posterior promesa de que también produciría una vacuna nacional en contra de la covid-19; que en sexenios pasados el dinero público destinado a la investigación científica y al desarrollo tecnológico fue transferido indiscriminadamente a grandes transnacionales; y, de manera destacada, que los fideicomisos públicos para la ciencia y la tecnología fueron administrados opacamente y se usaron para desviar recursos del erario.
Es altamente probable que poco a poco más de estas mentiras vayan encontrando contradicciones evidenciadas documentalmente por las autoridades competentes. En ese escenario habrá de quedar claro que la funcionaria utilizó el engaño como su práctica de comunicación predilecta y, quizá también, estos desmentidos abran la posibilidad para que los afectados y ofendidos inicien acciones legales que deriven castigos de severidad contra la servidora pública; como de hecho ya fueron anunciadas por quienes presentaron ante el INAI la solicitud de información que derivó en la declaración del CT. Los solicitantes han demandado que la funcionaria sea destituida del cargo por haber inventado la existencia de dicha red de corrupción e inhabilitada hasta por diez años para ejercer cualquier otro encargo en la administración pública. No cabe duda de que el tiempo pone todo en su sitio.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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