Eric Rosas
De facto
Luego de que el viernes 7 de julio se diera a conocer que habían sido otorgadas las primeras suspensiones provisionales contra la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), conocida entre la comunidad académica de México como la Ley Buylla porque fue elaborada por la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) —ya de nuevo sin la “H”—, la directora publicó esa misma noche en sus redes sociales que la dependencia a su cargo no había sido notificada de tales suspensiones y, por lo tanto, seguiría actuando con base en lo estipulado en la LGHCTI. Como luego fue aclarado por los abogados que llevan las demandas presentadas por los cientos de científicos de casi todas las entidades del país, muchos ellos integrantes del colectivo Ciencia Plural Mx, es muy difícil que las notificaciones lleguen a su destinatario tan pronto como en unas cuantas horas, además de que éstas serían entregadas al titular del Poder Ejecutivo Federal, quien fue el promovente de la iniciativa de LGHCTI, así como al Honorable Congreso de la Unión, poder que finalmente aprobó la legislación; por lo que la titular del CONACyT no debería esperar a que la autoridad judicial le entregue ninguna notificación, sino sólo a recibir la instrucción de parte del primer mandatario, que es quien encabeza a la Administración Pública Federal.
Otro aspecto que llamó poderosamente la atención es que la directora general del CONACyT reclamó que las suspensiones —cuya existencia había desconocido párrafos antes en su comunicado— aplicarían solamente a los quejosos y no de forma general. En este particular, los voceros del bufete de abogados aclararon que la parcialidad o generalidad de la suspensión aún tendría que revisarse conforme a los criterios aplicables del derecho, pero que ellos consideraban que debería proteger a todos los científicos por tratarse de la afectación a varios derechos humanos, cuya violación podría traer daños de muy difícil reparación.
Como era de esperarse, la batalla legal que la comunidad académica de México ha emprendido por defender el derecho de los mexicanos a la ciencia y a los beneficios derivados de ésta; la libertad de investigación; el derecho humano al acceso a la justicia; etc.; a entrado en un camino largo, tortuoso y que estará frecuentemente minado con desinformación y atacado con la narrativa oficial que busca dividir a la academia, confundirla y hasta coaccionarla para que se desista de las demandas presentadas, como ya ha comenzado a ocurrir con las “invitaciones” que muchos investigadores y estudiantes, beneficiarios de alguno de los programas del CONACyT, han recibido para que se manifiesten “voluntariamente” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas por los legisladores de la oposición.
Dado el sólido sustento jurídico que cimentan tanto a las 37 demandas de amparo que fueron aceptadas, como a las acciones de inconstitucionalidad reclamadas ante la SCJN por los diputados y senadores opositores, parece muy poco probable que la Ley Buylla logre mantenerse en pie al final de los procesos. Sin embargo, mientras que no se emita ningún veredicto inatacable, tampoco queda mucha duda de que quien hoy dirige al CONACyT continuará aplicando de facto —no de juris— lo que ella misma plasmó en la LGHCTI. Como tal, los efectos jurídicos que pueda producir esta implementación ilegal de la Ley Buylla, terminarán por causar muchos perjuicios a científicos y estudiantes de todo el país, lo que constituirá una deuda más a saldar por quien suceda a la actual administración federal.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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