Eric Rosas
La peor herencia
El pasado viernes se dio a conocer que han sido concedidas las primeras suspensiones provisionales a la aplicación de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, conocida como la Ley Buylla; mismas que se otorgaron en respuesta a la serie de amparos que fueron antepuestos individual y colectivamente —algunos gracias a la coordinación del colectivo Ciencia Plural Mx— en prácticamente todas las entidades federativas, por centenas de científicosde centros de investigación e instituciones de educación públicos y privados.
Esta primera batería de suspensiones implica que deberán ser detenidos todos los procesos administrativos derivados de la Ley Buylla, y cuya implementación ya había sido iniciada por el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que, por supuesto, por ahora tendrá que volver a usar su anterior nombre, el de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Entre otras acciones que ya habían sido emprendidas bajo el paraguas de la Ley Buylla, se encuentra las modificaciones a programas como el del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); el del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad; o la modificación del reglamento aplicable a los Centros Públicos de Investigación.
Dado que la Ley Buylla es una pieza legislativa que fue elaborada con total desapego con la realidad y fuera del marco legislativo; al punto de que incluso viola flagrantemente algunos derechos humanos, como el de acceso al conocimiento científico y a los beneficios derivados de éste; el de la libertad de expresión; o el del acceso a la justicia; o bien resultan profundamente discriminatorios, como la restricción para otorgar estímulos económicos a aquellos integrantes del SNI que laboren en instituciones privadas, se espera que los sólidos argumentos legales vertidos en las numerosas demandas terminen por causar la suspensión definitiva de esta legislación que, dicho sea de paso, conviene tener en mente que fue impuesta por parte del oficialismo de la manera más soberbia e irreverente posible, tanto en la persona del titular del Poder Ejecutivo Federal — asistido por la directora general del CONACyT—, como por los legisladores en ambas cámaras.
Durante más de dos años la directora general del CONACyT tuvo la posibilidad de trabajar de la mano con la comunidad académica para desarrollar una iniciativa que subsanara verdaderamente los vicios creados en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de México, mismos que se han convertido en lastres para el desarrollo científico y tecnológico del país; y, por el contrario, malgastó todo el apoyo que la comunidad académica le había brindado al actual primer mandatario, para transformarlo en el amplio rechazo que ahora ha quedado evidenciado con el cuantioso número de amparos presentados a lo largo y ancho del territorio nacional.
La misma soberbia obnubiló a las fracciones oficialistas la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En San Lázaro, los científicos fueron burlados una vez más, cuando se suspendieron los foros de parlamento abierto que se habían acordado en las Comisiones Unidas de Educación, y de Ciencia, Tecnología e Innovación; y en el Senado el proceso legislativo fue pisoteado al punto de declarar un quórum legal aparentemente inexistente y prescindir del dictamen requerido por ley, a fin de que la Ley Buylla pudiera aprobarse en esa Noche Triste de Xicoténcatl. Este maltrato a la academia podría resultar la peor herencia que pudo haberle dejado el gobierno actual a su eventual candidato a la presidencia de México.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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