Estefanía Antonio
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló los nombres de exfuncionarios de la extinta Policía Federal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Pública, que firmaron contratos por más de 700 millones de dólares durante la administración de García Luna para realizar operaciones de lavado de dinero.
“Con el pedido del presidente, estamos aquí para dar a conocer las erogaciones que se hicieron ya por el servidor público que firmó contrato con la trama corrupta de García Luna. Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos, el sexenio de 2000-1º de diciembre de 2006 al 31 de noviembre de 2012, y el sexenio que va del 6 al 12”, explicó Gómez durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los principales nombres expuestos se encuentra el de Sonia Vargas, quien fue directora General de Recursos Materiales Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal del 2009 al 2011 y actualmente se desempeña en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tras ser contratada por Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pero, cuando Sonia Vargas fue directora, otorgó contratos por más de 71 millones de dólares a empresas estadounidenses: “todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos en relación con hacer investigación de mercado a pesar de ser de seguridad nacional”, relató el titular de la UIF.
Además, mencionó que los siguientes funcionarios también están involucrados por cantidades de más de hasta 56 millones de dólares durante el sexenio de Felipe Calderón:
- Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de Policía Federal Preventiva, 69 millones 100 mil dólares.
- Facundo Rosas Rosas, comisionado general de Policía Federal, 25 millones 875 mil dólares de los Estados Unidos.
- Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, 37 millones 875 mil.
- Rafael Avilés, jefe de la división de Fuerzas Federales, dos millones 500 mil dólares.
- Luis Cárdenas Palomino, titular de la división de Seguridad Regional, dos millones 500 mil dólares.
- Roberto Cardozo, director general de Recursos Materiales, 12 millones de dólares.
- Eduardo Enrique Gómez García, que era director del organismo de prisiones, con 56 millones 121 mil 595.
Detalló que cada una de estas cantidades son atribuibles a cada una de las personas que firmaron el contrato, aun y cuando hayan sido varias las que firmaron porque cada quien es responsable de la misma cantidad. Por lo tanto, no se tiene un total.
Por otra parte, durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, también se detectaron a las siguientes personas que firmaron contratos:
- Del Cisen, Eduardo Imaz Gispert, por un monto de 253 millones 51 mil 358 dólares de los Estados Unidos, y 67 millones 200 mil pesos mexicanos.
- Del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social por 88 millones de dólares.
- José Alberto Rodríguez Calderón, como comisionado de Prevención y Readaptación Social, 26 millones 850 mil dólares, y 221 millones 400 mil pesos.
- De la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Octavio Medina Estrada, que era Oficial Mayor, 26 millones 666 mil 666 pesos 60 centavos.
- Raúl Mata Soria, como director general de Programación y Organización Presupuestal, 26 millones 666 mil 666, todos estos son el mismo contrato, por eso se repite la cantidad, aunque fueron cuatro quienes firmaron el mismo.
- María Dolores Rojas Soto, como directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- Enrique Salinas Romero, como director general de Política y Estadística Criminal.
Pablo Gómez detalló que todas estas erogaciones se hicieron a un solo conglomerado de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos
Estos primeros contratos, explicó, supuestamente fueron para sistemas de rastreo y localización de redes celulares a través de un sistema que se llama Safe City, instalado según en Ciudad Juárez.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor, es una cantidad muy grande”
Además, de acuerdo con el titular de la UIF, ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno mexicano ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y dinero, para solicitar que, a través de un juicio civil, todos los recursos sean restituidos a México.
(Foto: Especial Portal)
