Eric Rosas
Temerario
Este viernes pasado las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados dieron a conocer la convocatoria para que la comunidad académica de México participeen los foros de Parlamento Abierto, en los que se discutirá la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic) elaborada por la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y presentada por el primer mandatario ante esta Cámara Baja en diciembre pasado.
La propuesta oficial tiene profundamente contrariada a la comunidad académica de todo el país porque atenta flagrantemente contra el derecho humano a la ciencia y a los beneficios derivados de ésta, que debería garantizar el Estado Mexicano. Pero también porque fue una iniciativa sacada de lo más profundo del resentimiento y la ideologización de la titular del CONACyT y realmente no pretende mejorar las condiciones para la realización de investigación científica ni desarrollo tecnológico en México; y mucho menos fomenta la cultura de la innovación. Además, incluye en la misma legislación a las humanidades, disciplinas que indiscutiblemente deben ser fomentadas y apoyadas, pero sin duda mediante instrumentos separados.
Otro hecho relevante a destacar de manera negativa en la iniciativa presentada por el primer mandatario, es que pretende tratar a los científicos de México comoburócratas, lo que de entrada desconoce por completo la naturaleza particular de la actividad científica. Por ejemplo, la generación de ideas no es una tarea que pueda y deba realizarse de manera exclusiva durante las ocho horas que dura una jornada laboral. La investigación científica requiere de una total libertad para su realización y de todas las facilidades para que los académicos colaboren con sus pares en todo momento, sin estar restringidos al marco propio de la actividad burocrática.
Por otra parte, en la actualidad el desarrollo de tecnología es una actividad que precisa de la confluencia de la inversión y de los esfuerzos públicos y privados. Por sí solo el Gobierno no cuenta con todos los recursos necesarios y suficientes para que las nuevas tecnologías alcancen el nivel de maduración que se requiere para su implantación en los procesos médicos, ambientales, productivos, etc. Por ello es fundamental que el marco legal en materia de ciencia y tecnología posibilite la inversión proveniente de la iniciativa privada. De manera consecuente, la ley debería permitir que las compañías privadas que inviertan en el desarrollo de tecnología se beneficien de los resultados generados con sus recursos, y que éstos puedan llegar al mercado en forma de productos o servicios innovadores. Sin embargo, la propuesta presidencial desincentiva la inversión privada en ciencia y tecnología, y con ello condena a México al subdesarrollo en esta materia.
Las fracciones oficialistas en ambas comisiones son mayoría y, como ha ocurrido en casos anteriores, no deberán tener ningún problema en imponerse en el momento en el que lleguen a votar la iniciativa recibida desde Palacio Nacional. Será interesante saber si ante el llamado para participar en los foros de Parlamento Abierto, la comunidad científica de México responde en número considerable y si, dado el caso, los legisladores oficialistas deciden cerrarles el espacio a los investigadores para con ello reducir el número de foros, como todo indica que pretenden. En pleno proceso electoral mexiquense, parecería ser francamente temerario para la alianza oficial el desdeñar y burlarse de la comunidad académica.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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