Leobardo Hernández
“A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México”, expresó categóricamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ante una iniciativa promovida por el partido Republicano del país vecino con intensión de intervenir con el ejército de este lado de la frontera.
En días pasados, senadores del Partido Republicano propusieron en Estados Unidos asignar a grupos del crimen organizado la categoría de terroristas para, bajo ese argumento, intervenir con las fuerzas armadas de ese país en territorio mexicano.
Con este contexto, en conferencia matutina, el tabasqueño expresó “si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”.
Esto en respuesta a declaraciones del senador republicano, Dan Crenshaw, quien confrontó al gobierno de México por la supuesta inacción contra los cárteles del narcotráfico. Bajo esta perspectiva, el estadounidense dijo: “podemos vivir con un problema de drogas; esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los cárteles son los directamente responsables, mis preguntas para usted son las siguientes: ¿Por qué rechaza la ayuda de Estados Unidos? ¿Por qué protege a los cárteles? Ellos son su enemigo y los Estados Unidos son su amigo”.
Estados Unidos permite la distribución de drogas y armas
Por su parte, López Obrador argumentó que, como el consumidor más grande de estupefacientes a nivel mundial, Estados Unidos ha evadido su responsabilidad en cuanto a la prevención del consumo de estas sustancias, y llamó al gobierno de ese país a emprender acciones efectivas pues el narcotráfico es producto de la demanda de sustancias nocivas para la salud.
“Lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el programa? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos, los cárteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo? ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social?”
Además, aseveró que el mercado armamentista estadounidense no tiene control y, por consecuencia, fluyen las armas empleadas por el crimen a otros países sin mayor problema.
“¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control? El 80 por ciento de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos y ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen la armas para sus campañas”.
Una ley arcaica que promueve la violencia
En 1891 se aprobó la segunda enmienda de la Carta de Derechos de Estados Unidos, misma que faculta a los ciudadanos de ese país a portar armas de fuego. Desde entonces, el comercio de armas del lado norte del Río Bravo es sencillo, incluso en tiendas de autoservicio, lo que ha promovido la violencia al interior de esa nación y el tráfico de estos instrumentos en otros países.
Bajo esta premisa, el gobierno mexicano en la actualidad ha promovido dos demandas contra la industria armamentista estadounidense. La primera el 4 de agosto de 2021 contra 11 empresas por comercio ilícito y negligente de armas a favor de grupos del crimen organizado en México; no obstante, esta fue desechada por el juez Dennis Saylor, en Boston, bajo el argumento de que no se puede responsabilizar a la industria armamentista del empleo para fines ilegales de los dispositivos letales.
En segunda instancia, el 10 de octubre de 2022 el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón anunció una segunda demanda contra empresas de armas estadounidenses ahora ante la corte federal de Tucson, Arizona, contra 5 emporios de dicho estado. De acuerdo con un comunicado de la SRE, “se alega que dichos vendedores, de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres (straw purchasers) y ventas que están dirigidas a traficantes de armas”.
Hasta el momento, no se han oficializado los resultados de dicho proceso.
(Foto: presidencia)
