Leobardo Hernández
Frente al congreso mexiquense, ‘La Casa del Pueblo’, representantes de las organizaciones Fuera del Closet y Amicus presentaron una demanda de amparo para que el gobierno mexiquense tenga un anexo presupuestal con el que se garanticen los derechos de la comunidad LGBTTTQ+, pues esta ha sido, sostuvieron, discriminada sistemáticamente por los gobiernos locales y federales a lo largo de la historia.
En este sentido, Juan Pablo Delgado, director general de Amicus A.C., explicó que existe un precedente de dicho recurso ante la ley. El líder de la asociación guanajuatense expuso que “el año pasado demandamos al congreso del estado de Guanajuato y al gobernador del estado de Guanajuato por excluir a las personas de la diversidad sexual y de género del presupuesto de egresos en esta entidad”.
En este contexto, precisó que obtuvieron dos sentencias favorables. Con este resultado, en Guanajuato, “se modificó el presupuesto del año 2022 para crear un anexo presupuestal que garantice los derechos de la diversidad sexual y de género”.
Asimismo, detalló que, bajo esta sentencia, el gobierno esa entidad está comprometida a realizar un estudio de diagnóstico para determinar las necesidades de la comunidad LGBT+ “y que por lo menos este año haya una política focalizada para la obtención de nuestros derechos”.
Al respecto, explicó que dicho procedimiento se ha replicado con organizaciones afines, en este caso, con Fuera del Closet, para promover este amparo en el Estado de México, donde esperan que en un plazo máximo de tres meses se obtenga una sentencia favorable.
Dicha demanda está “en contra de dos autoridades quienes se han fijado como responsables que es la sexagésima primera legislatura del estado de México y el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza por la omisión que existen el paquete de presupuesto de 2023”, agregó Ernesto Montes de Oca, Secretario de Fuera del Closet.
¿Qué demanda la comunidad LGBT, respecto a presupuesto?
Por su parte, Ricardo Torres, presidente de la misma asociación, expuso que el presupuesto exigido contempla “atender en materia de salud, como sabemos, las personas, sobre todo trans, siguen sin tener un acceso directo a los servicios de salud, todavía no tienen una atención digna o se les atiende de forma discriminatoria o peyorativa”.
A su vez, remarcó que uno de los aspectos más sensibles que viven las personas de la diversidad sexual y de género es la inseguridad y la falta de acceso a la justicia pues “no existen, por ejemplo, unidades de especialización o de atención para que se determinen temas relacionados con las denuncias o las demandas por las personas LGBTTTT”.
Al respecto, Montes de Oca manifestó que “pagamos los mismos impuestos, nuestros votos valdrán lo mismo en la siguiente elección y, entonces, pues exigimos que también nuestras necesidades sean atendidas y las problemáticas que tenemos pues sean resueltas por las autoridades, porque esa es su responsabilidad”.
Con esta base, concluyó que la omisión para atender a este sector de la población en el presupuesto de egresos mexiquense “es una clara muestra de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia institucional, avalada, justificada, por dos poderes de aquí, del estado que es el legislativo y el ejecutivo”.
(Foto: Leobardo Hernández)
