Redacción Portal
La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay un juicio abierto en Estados Unidos donde el gobierno mexicano reclama 700 millones de dólares (mdd) que forman parte del patrimonio de Genaro García Luna, quien enfrenta un juicio por posibles nexos con el narcotráfico en Estados Unidos.
Al respecto, el mandatario apuntó que los abogados defensores sostuvieron que el gobierno mexicano no podía litigar por este dinero; no obstante, agregó que “un juzgado en Florida nos dio la razón, es decir, que sí podemos y se está trabajando en eso”.
En este sentido, detalló que hay un juicio abierto para que las arcas nacionales recuperen los 70 mdd “y otros activos” por lo que, aseveró, “Entonces, se va a seguir, eso nos corresponde a nosotros”.
Juicio contra García Luna
Ante el silencio en medios nacionales sobre el caso garcía Luna, el titular de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, enjuiciado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que diariamente mostrará avances del caso en “la mañanera”.
“No le tenemos confianza a los medios convencionales en el país porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción”, aseveró.
A su vez, calificó como “vergonzoso” que la máxima autoridad en seguridad pública del gobierno panista de Felipe Calderón sea vinculado porque mientras “se encargaba” de la seguridad pública del país, “protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso”, de acuerdo con las acusaciones del gobierno estadounidense.
Al respecto, con apoyo de una nota de La Jornada, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, explicó que el gobierno del país vecino acusa a Genaro garcía Luna por traición a México y a Estados Unidos al sostener complicidad con el cártel más poderoso del país.
En este sentido, el día lunes inició el juicio con el testimonio de Sergio Villarreal, “El Grande”, miembro del Cártel de los Betrán Leyva, quien relató encuentros con el ex policía para entregarle un millón y medio de dólares mensuales para evadir los actos criminales de la organización.
El testigo detalló que en una ocasión, como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), elementos de dicha institución interceptaron un cargamento de 2 toneladas de cocaína del cártel del Golfo, rival de los Beltrán Leyva y, por convenio con garcía Luna, éste se quedó con entre 14 y 16 millones de dólares, el valor de la mitad del cargamento, como era el trato.
Asimismo, Villarreal narró Arturo Beltrán Leyva entraba regalos de lujo al policía como autos Rolls Royce, Ferrari, Mercedes Benz e incluso una motocicleta Harley Davidson.
Igualmente, “El Grande” declaró que García Luna filtraba información acerca de operativos antidrogas al grupo criminal para eludir la justicia, además de tener nexos con los Zambada y el “Chapo” Guzmán. En este sentido, sostuvo que presenció por lo menos 20 reuniones entre el ex jefe de la AFI y los Beltrán Leyva.
En este sentido, el testigo relató eventos que pertenecen al periodo de Genaro García Luna como Director General de la AFI, durante el gobierno del también panista Vicente Fox Quesada.
En contraparte, el abogado defensor del otrora “superpolicía” pretendió desvalorar el testimonio de los declarantes aludiendo a su pasado criminal y la comprobación de su culpabilidad, señalándolos como “víctimas” de la llamada “guerra contra el narco” emprendida por los panistas y ejecutada por Genaro García Luna.
Iniciativa Mérida
A su vez, el abogado del ex AFI argumentó que su cliente perteneció al Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (Sicen) y encabezó la llamada Iniciativa Mérida, un proyecto conjunto entre los gobiernos estadounidense y de México para combatir el tráfico de drogas.
En este sentido, cabe destacar que la Iniciativa Mérida es un pacto entre México y EU para detener el crimen organizado y el tráfico de drogas; no obstante, desde su firma en 2007 por los presidentes George Bush y Felipe Calderón, la escalada de violencia en el país tuvo un incremento inédito tanto por enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada como por ataques militares en la vía pública, que generaron “daños colaterales”, es decir, muertes de civiles.
Cuentas pendientes en México
Otro de los desafortunados resultados de esta relación entre los gobiernos de México y EU fue la Operación Rápido y Furioso, acuerdo signado en 2007 entre ambas naciones donde Genaro García Luna, en un correo electrónico a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), afirma que su mando superior (Felipe Calderón) está de acuerdo con el procedimiento.
Este operativo consistió en la entrada de armas largas de forma ilegal a México con el consentimiento de las autoridades de ambas naciones, mismas que tendrían dispositivos para seguir su rastro, con el objetivo de detectar a las bandas de l crimen organizado que las emplearía; no obstante, se perdió el control de dichos instrumentos, hecho que propició la entrada de armamento sin control alguno al país.
En un punto de acuerdo del Senado de la República emitido en 2015 para solicitar información sobre este plan, se menciona que “la operación Rápido y Furioso (2006-2011) permitió la entrada ilegal de más de 2 mil armas largas de Estados Unidos a México para ser utilizadas por los diversos grupos delincuenciales que operan en el país”.
En este sentido, en diferentes ocasiones el ya ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y la Fiscalía General de la República afirmaron no tener conocimiento de dicho programa; no obstante, ya con Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por solicitud de dicha instancia, el gobierno del país vecino dio información al respecto.
Por estos hechos, se liberó una orden de aprehensión en México contra 7 implicados, entre ellos, Genaro garcía Luna, Joaquín “Chapo” Guzmán y Luis Cárdenas Palomino, quien fungía como coordinador de Inteligencia de la propia entonces PGR. Estos señalados por presunto tráfico de armas.
(Foto: Presidencia)
