Eric Rosas
En diciembre pasado el titular del Poder Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con la que pretende derogar la actual Ley de Ciencia y Tecnología emitida por el gobierno encabezado por Vicente Fox, además de modificar otras leyes relacionadas con la administración pública para que el actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), creado durante el sexenio del expresidente Luis Echeverría, cambie de nombre y se modifique también la composición del consejo que lo gobierna, por ejemplo, a fin de integrar en éste a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina; entre otras adecuaciones.
El actual CONACyT ha quedado rebasado luego de más de un siglo de operaciones. Se rezagó al burocratizarse y dedicarse a impulsar programas clientelares, como la formación del Sistema Nacional de Investigadores o la gestión de puestos de trabajo por medio de la retención y repatriación de profesionales especializados que egresaban de posgrados en instituciones de México o del extranjero, respectivamente; y aquello propició que no desarrollara mecanismos para fomentar el estudio de temas de frontera en investigación científica y desarrollo tecnológico.
El México de ahora está inmerso en un mundo muy distinto al de mediados del Siglo XX. En aquél entonces, por ejemplo, no había internet, teléfonos celulares, mucho menos inteligentes, los pocos vehículos eléctricos funcionaban como trolebuses conectados a cables, no se había decodificado el genoma humano, la humanidad no había puesto ningún telescopio en el espacio exterior, etc. Pero ahora nos encontramos en los albores de una civilización completamente diferente, que en unos cuantos años vivirá conectada permanentemente a todo mediante el Internet de las Cosas, usará verdaderos automóviles que se conducirán solos, alargará considerablemente su expectativa de vida con la medicina predictiva, mejorará sustancialmente el rendimiento y aporte nutricional de los alimentos, y mucho más.
Esta diferencia de momentos entre aquél y el presente hacen que México requiera de un marco legislativo moderno, que fomente en los mexicanos una sólida cultura científica y tecnológica; que facilite e incentive el que las empresas inviertan en investigación aplicada para desarrollar productos y servicios nuevos mediante los que puedan obtener una ventaja competitiva en todo el orbe; que promueva el gusto por la ciencia y la tecnología entre las nuevas generaciones para que nuestra sociedad mexicana del futuro cuente con el suficiente talento humano en especialidades científicas, ingenierías, matemáticas, programación, del que habrán de nutrirse las industrias basadas en la inteligencia artificial, la computación cuántica o la biotecnología, todas éstas, megatendencias tecnológicas en curso.
Sin embargo, la propuesta presidencial que, a pesar de que se quiera convencer de lo contrario, en realidad fue confeccionada en la soledad por la titular del CONACyT, no busca ninguno de estos objetivos. En su lugar, pretende reforzar los mecanismos para mantener a la comunidad científica como una sofocada clientela electoral. No busca brindar a los investigadores los medios adecuados ni tampoco un ambiente libre para que desarrollen su creatividad e inventiva en bien de México y de la humanidad, sino asfixiarlos con tareas burocráticas para que pierdan su tiempo en la cumplimentación de trámites y elaboración de informes; que ahora deberán realizar conscientes de que su desempeño estará vigilado por militares y marinos.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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