Ramón Cuevas Martínez
Estamos en una encrucijada: cada vez tenemos más expertos en el tema antisoborno, sin embargo, sus certeras opiniones no se materializan en controles antisoborno en las burocracias.
La economía de las personas está cada vez más afectada por el soborno que se practica en las burocracias, sobre todo cuando se alejan de aquellas formas racionales de organización como las concibió Max Weber, y degeneran en modelos de organización clientelistas que operan viendo a la administración pública con una lógica patrimonialista, es decir, como “un botín”.
Las dificultades que presentan los trámites –sus requisitos, demoras y corrupción– constituyen la entrada de las burocracias a la corrupción, según atestigua el Índice de Burocracia en América Latina 2022.
De acuerdo con este indicador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta una problemática que fue observada en diferentes estados de la república mexicana, y tiene que ver con la calidad de atención brindada a los contribuyentes. Se observaron diferentes quejas sobre recortes al personal que han orillado a la institución a designar a prestadores de servicio social (usualmente jóvenes entre 20 y 25 años) sin experiencia previa para atender de primera mano a los contribuyentes. Esto ocasiona retrasos en los trámites y aminora la eficiencia de las visitas al SAT, pues las personas deben regresar varias veces a realizar aclaraciones o completar sus procesos.
El Dictamen Único de Factibilidad (DUF), otro trámite obligatorio para que las unidades económicas o de inversión puedan llevar a cabo su apertura, instalación, operación o ampliación, tarda entre un año y medio o hasta tres años, cuando antes tardaba alrededor de cuatro meses.
Una micro o pequeña empresa dedica en promedio entre 506 y 543 horas al año para cumplir con todos los trámites burocráticos establecidos por los distintos niveles de gobierno. En un promedio ponderado, los trámites del sector trabajo toman 298 horas al año, mientras que los trámites de administración de operaciones (licencias de funcionamiento y permisos de impacto ambiental) toman 149 horas al año.
La burocratización dificulta el acceso a los derechos de los ciudadanos y entorpece los objetivos de pequeñas y medianas empresas para ingresar a la economía formal, sentenciándolas a la informalidad o a que practiquen el soborno como lubricante de los engranes del gobierno.
En el “Barómetro Global de la Corrupción (BGC): América Latina y el Caribe” presentado en 2019, elaborado por Transparencia Internacional, México se colocó como el segundo país con más sobornos de Latinoamérica, documentándose que tres de cada diez personas tuvieron que sobornar para obtener algún servicio público.
Acabar con prácticas como los sobornos no se logra con discursos consistentes y bien estructurados, requiere acciones reales, tangibles, el Sistema de Gestión Antisoborno basado en la Norma ISO 37001 es un buen inicio.
*Consultor en Gobernova
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