Eric Rosas
Garantía de nada
Esta semana se dieron a conocer los resultados del proceso de evaluación de las solicitudes de nuevo ingreso, reingreso y permanencia como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y, como era de esperarse, el número de científicos que gozarán de esta distinción a partir de enero del 2023 se ha visto nuevamente reducido respecto de los años previos, siguiendo con ello una tendencia que refuerza la hipótesis aquí planteada de que la verdadera intención es eliminar tal programa por asfixia mediante una malentendida austeridad.
En el comunicado dado a conocer el viernes de la semana pasada se anunció que 3 428 académicos obtuvieron la categoría de candidatos a investigadores nacionales, mientras que 5 750 serán investigadores nacionales con el nivel I, 1 297 con el nivel II y 382 con el III; lo que en total suma 10 857 beneficiados. Aunque el número pareciera grande, si se compara con el máximo histórico de 15 070, en realidad esto supone una reducción cercana al 30 % en las renovaciones y nuevos ingresos al SNI. Con ello para el siguiente año habrá unos 12 919 investigadores con la distinción, de un universo estimado en unos 60 mil en todo el país; es decir, sólo uno de cada seis académicos pertenecerá al SNI.
Si pensamos al SNI como un filtro de calidad quizá tal proporción no resultaría del todo mala, pues típicamente es apenas una pequeña parte la que en realidad realiza la investigación de frontera digna de ser reconocida con el nombramiento. Sin embargo, lo malo es que esta depuración no está motivada por ningún criterio de calidad o productividad, sino en la simple necesidad de recortar la inversión pública en ciencia y tecnología; es decir, en el hecho de que la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces no encuentra el dinero suficiente para pagar los estímulos a todos los miembros del SNI a pesar de que éstos sí estén considerados en la partida correspondiente del Programa de Egresos de la Federación.
Además de lo mencionado, resulta que no todos los investigadores seleccionados tendrán garantizada la recepción de su estímulo económico, pues se ha anunciado ya que comenzará a aplicarse la prelación para decidir quienes podrán contar con la beca y quienes no ante algún eventual recorte presupuestal —que se vuelva cada día más inminente ante el colapso económico que se avecina para México. Esto significa que habrá algunos que podrían comenzar a recibir la mensualidad, pero habrían de perderla si llegase a haber algún ajuste en el gasto, y otros de plano no la recibirán desde el inicio del año próximo.
Ante tal situación será interesante conocer cuál será la reacción de la academia, pues debemos tener en mente que el estímulo económico fue la “solución” que la administración federal encontró para subsanar la pérdida adquisitiva de los académicos en aquellos fatídicos años de devaluaciones rampantes de inicios de la década de los 80 del pasado siglo; y si la beca no está garantizada, quizá ya no valdrá la pena realizar el descomunal esfuerzo —con su consecuente pérdida de tiempo— que supone mantener al día el registro de productos de investigación y docencia que demanda el CONACyT, el currículum vitae único (CVU). Como ya no hay estímulo económico garantizado ni tampoco las evaluaciones se sustentan en criterios de calidad, lo que conviene es que las instituciones de educación superior dejen de considerar la pertenencia al SNI como requisito para cualquier trámite.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
