Vanessa Baez
“Se tiene que reconocer que en el Estado de México existe una política criminal fallida que no le ayuda a nadie. Es un México de privilegios, de abusos, de corrupción y violación a nuestros derechos”, denunciaron integrantes del colectivo “Haz valer mi libertad”, en su llegada al Centro de Toluca.
Tras un mes de recorrer diversos municipios del Estado de México, la Caravana Mexiquense “Dignidad, Justicia, Libertad y Vida” del colectivo Haz Valer mi Libertad, regresó este miércoles a la zona centro de Toluca. A su llegada, cientos de policías estatales mantuvieron blindada la Plaza de los Mártires y el escenario donde se llevará a cabo el espectáculo musical este 15 de septiembre.
Familiares de personas injustamente presas, en su mayoría acusadas de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y lavado de dinero, se manifestaron para exigir la planeación de una mesa de diálogo con el Poder Judicial para exponer sus denuncias. Sin embargo, no hubo presencia ni acuerdos por parte de autoridades.
“Estamos viendo la posibilidad de que ya nos atiendan, la realidad es que nosotros ya les dimos un voto de confianza que ellos defraudaron y echaron a la basura, ya no tenemos nada que perder”, señaló Lady Plácido, vocera del grupo.
La caravana partió del mismo centro de Toluca el pasado 15 de agosto y tras un mes de recorrido a lo largo del Estado de México lograron tejer alianzas por la defensa de los derechos humanos, el territorio y el agua con comunidades como Zinacantepec, San Miguel del Rincón, Lerma, Ecatepec, Cuautitlán, entre otros.
El Estado de México, un sistema penitenciario fallido
José Guadalupe Luna, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y aliado del colectivo mexiquense comentó a Portal que las violaciones a los derechos humanos que las personas en condiciones de vulnerabilidad viven en los procesos penales, responden a una demanda generalizada por parte del estado para su propia legitimación:
“Hay una necesidad del estado de querer responder a una demanda generalizada de la sociedad y seguridad. La sociedad padece y vive constantemente inseguridad y ante ese reclamo el estado busca responder con acciones o legitimarse en lugar de atacar el problema de raíz”, señaló.
Sin embargo, enfatizó que el endurecimiento del código penal no es una estrategia que responda con eficacia para resolver las problemáticas de inseguridad en la entidad mexiquense. Así mismo, detalló que una de las principales violaciones a los derechos de las personas privadas de su libertad es la negación a la revisión de las carpetas de investigación:
“La mejor forma o la forma más fácil es aprovecharse de personas que no tienen el conocimiento o la situación financiera, a veces incluso el apoyo familiar para enfrentar un proceso judicial. A veces las carpetas se basan precisamente en esa condición de vulnerabilidad y se le impide a las víctimas acudir y conocer la carpeta para conocer su propia defensa, en fin, toda una serie de violaciones procesales que se aprovechan de las debilidades sociales y económicas.”
Finalmente los integrantes del colectivo declararon que en próximos días decidirán qué acciones llevarán a cabo en caso de no ser recibidos por las autoridades para exponer sus denuncias en una mesa de diálogo.
(Foto: Vanessa Baez)
