Eric Rosas
Vuelta a la moneda
Tras muchos meses de haberse negado, finalmente el pasado jueves 4 de agosto la actual directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) se dignó a asistir a la reunión de trabajo con la Conferencia de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. La titular de la dependencia había desairado a ambas cámaras en sendas ocasiones y, como se mencionó durante el desarrollo de la reunión, que fue virtual, la Dra. María Elena Álvarez Buylla Roces sigue siendo la única de los catorce directores que hasta ahora ha tenido el CONACyT, que se ha negado a comparecer por su gestión ante el Poder Legislativo, pues una reunión de trabajo no es en sí misma una comparecencia, entendida ésta como un acto republicano de rendición de cuentas. Bajo el resguardo que le dio la virtualidad, en la que pudo responder desde la comodidad de su oficina en la avenida de los Insurgentes y acompañada de todos sus colaboradores en el CONACyT, quienes de inmediato le proporcionaban los datos que requería para parecer informada de la estadística derivada de las actividades que realiza la dependencia, la directora repitió el discurso cargado de ideología que la caracteriza y faltó a la verdad en cada momento en el que tuvo el uso de la voz.
La reunión de trabajo a distancia no impidió que los legisladores de los partidos de oposición cuestionaran con seriedad y firmeza a la doctora por sus numerosas decisiones equivocadas en materia de formación de recursos humanos, actividad en la que es fehaciente la enorme disminución de becas para estudios de posgrado en México, pero también en el extranjero, generada en su administración; la limpia ideológica que ha emprendido entre los investigadores de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) que dependen del CONACyT y que ya ha entregado las cabezas de algunos directores designados en la administración anterior, así como de muchos empleados de este sistema de laboratorios; la conversión del Sistema Nacional de Investigadores en un instrumento de generación de clientela electoral, mediante la obligación a los científicos para que apoyen el discurso oficial a cambio de la beca; el desvío de los recursos públicos que deberían ser invertidos en investigación científica y desarrollo tecnológico, hacia los proyectos insignia del presidente López a consecuencia del finiquito de los fideicomisos que él mismo ordenó; y hasta por la insensatez de denostar a la ciencia y estigmatizar a los académicos de México, conforme a su muy distorsionada ideología.
Ante todas estas preguntas muy importantes y sólidamente sustentadas, la bióloga respondió siempre con el sello de esta administración: “sus otros datos”; situación ante la que recibió el cobijo cómplice de los legisladores morenistas y petistas, por cierto algunos de ellos mexiquenses, pero no así de los verde-ecologistas, quienes parecen estar conscientes de que el respaldo que brinden a la tan absurda política pública en materia de ciencia y tecnología de la actual administración federal, podría llevarles a perder una buena parte de los votos que aportan esos jóvenes amantes del desarrollo científico y tecnológico, preocupados por el deterioro ambiental de nuestro planeta y convencidos de que México no puede aislarse del mundo.
Ante esta realidad que nos impone la cercanía de las elecciones gubernamental en el Estado de México y la presidencial del 2024, la eventual discusión de una nueva Ley de Ciencia y Tecnología en el siguiente periodo legislativo ordinario, felizmente podría encontrar una recompuesta mayoría que descarrilara la iniciativa oficialista.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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