Eric Rosas
Envalentonada
El pasado 25 de mayo la actual directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces debía haber asistido a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, a la que fue convocada desde el día 12 de los corrientes mediante el oficio COMCYT/SENLXV/108/2022. Sin embargo, en la víspera la citada envió una carta dirigida al presidente de la comisión, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, mediante la que esgrimió “…asuntos programados con antelación [al 12 de mayo del 2022] inviable (sic) de posponer…” como justificación para cancelar su asistencia a comparecer para explicar sus decisiones tomadas en diversos asuntos; la designación ilegal del actual director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas entre éstos. Más aún, en un dejo de soberbia o hasta burla, la bióloga solicitó el “apoyo” del legislador para reprogramar su comparecencia y se atrevió a pedir la lista de temas a tratar para que ella pudiera aprobarlos con anticipación. Con tal arrogancia, la bióloga dejó plantados a los senadores al igual que meses antes lo hizo con los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes igualmente le había llamado para aclarar las muchas dudas que ha sembrado su administración.
En los casi tres años y medio que Álvarez-Buylla ha estado al frente del CONACyT ha generado un sinnúmero de conflictos con todas las comunidades que integran a la academia mexicana: estudiantes de posgrado becados en México y en el extranjero, que han visto reducido el número de becas, restringidas las especialidades apoyadas o inclusive dejados sin sus estipendios durante meses en otros países; investigadores jóvenes repatriados a través de programas como el de Cátedras CONACyT, despedidos sin causa justificada o engañados con la artimaña reciente de cambiarle el nombre al programa para con ello sepultar los compromisos previamente contraídos; miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que han sido evaluados sin atender a criterios objetivos, con reglas cambiadas a posteriori, o con disciplinas borradas de las áreas de evaluación; comunidades de los centros públicos de investigación a quienes se les han impuesto directores generales sin perfiles adecuados, pero absolutamente abyectos a su voluntad; sociedades científicas a las que se les han retirado los vitales apoyos; etc.
Esta ya de por sí ominosa lista de atropellos palidece ante casos como la inexplicable falta de mil millones de pesos de los fideicomisos extintos por el presidente López, que debieron haber sido reintegrados a la Federación; el incumplimiento en la entrega oportuna, en cantidad y calidad requeridas, de los respiradores que comprometió en el peor momento de la pandemia de covid-19; el presunto desvío de recursos del CONACyT para pagar a los médicos cubanos que vinieron a nuestro país también durante el azote del virus SARS-CoV-2; el otorgamiento injustificado del máximo nivel del SNI al fiscal cuyos libros tienen párrafos plagiados; el desacato en el que se encuentra desde que se negó a cumplir la orden judicial de entregarle recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.; o la desproporcionada acusación de crimen organizado, lavado de dinero y otros delitos mayúsculos, que propició en contra una treintena de colegas.
Pero, el hecho de que, a pesar de toda esta evidencia en su contra, la directora se envalentone al punto de desdeñar y hasta mofarse del Poder Legislativo, nos hace pensar que cree que contará para siempre con la protección del presidente. ¿Será?
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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