Tomás Flores Rosales
• En ciernes calificar a la administración de Del Mazo en “Gobierno fallido“
• Pobreza urbana y rural, las consecuencias
• “Catastrofismo” no ideal para cierre del sexenio
• Evitar la mezcolanza electoral con escenario comicial
• “TOUR” Legislativo de nuevo Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez , las consecuencias y desavenencias
Es obligación del gobernador, Alfredo Del Mazo Maza, garantizar comicios limpios y transparentes y en tranquilidad social, por lo que el mandatario mexiquense debe emprender acciones en este aspecto antes de las vísperas de su propio relevo.
Y es que en estos momentos se augura tensión social en las demarcaciones con mayores necesidades, sobretodo en el Valle de Mexico y sur mexiquense en donde la actividad del gobierno no ha mostrado capacidad para abatir los índices de pobreza urbana y rural, aunado a ello la presencia de grupos delictivos de alto impacto.
De no actuar con oportunidad ante estos flagelos, la administración de Del Mazo podría conformar una “mezcolanza” de alto riesgo social que alcanzaría su mayor expresión durante el proceso comicial del primer domingo de junio del 2023.
Y es que si bien con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en julio del 2018 se “apaciguaron” distintos movimientos de tipo social, la presión que ha generado la nula intervención del gobierno Delmacista orientada a atender las demandas ciudadanas, podría provocar estallamientos que aún se podrían detener.
1.- El bajo suministro de agua potable en barrios y colonias suburbanas y urbanas de distintos municipios, y
2.- Y la falta de apoyos en el campo que genera éxodo, marginación, pobreza y miseria en las regiones rurales.
Así como la falta de obra pública en las grandes urbes del Estado de México, podría, en breve, colocar en su cruda realidad la no operatividad del gobierno de Alfredo Del Mazo en casi cinco años de vigencia.
Identificar al de Alfredo Del Mazo como un gobierno fallido quizá no sería exageración, sobre todo por su ausencia frente a las las dificultades que atañen a hombres y mujeres mexiquenses que todos los días salen aportar su máximo esfuerzo para el desarrollo de la entidad sin la corresponsabilidad de un gobierno quizá indiferente a este tipo de causas.
También es verdad que colaboradores del Gobernador no han sido corresponsables a las demandas que en su ámbito debieron fortalecer al mandatario, lo cual las reacciones sociales podrían significar no solo alteraciones a la estabilidad estatal sino problemas para el gobierno federal que habría de intervenir para que que el final del sexenio local no signifique desestabilidad institucional.
No se trata de animar lo catastrófico, pero es tempo de valorar el desánimo o no que ha propiciado la actuación de Alfredo Del Mazo en la silla principal del Ejecutivo mexiquense.
SÍNTESIS POLÍTICA
Ahora que el Fiscal General de Justicia anda de “tour” con los diputados de las principales bancadas legislativas debería de aprovechar para hacer dos cosas:
A.- Auto fortalecerse para enfrentar a la “mafia del poder” dentro de la Institución que encabeza, y
B.- Solicitar anuencia de los poderes estatales para desmantelar a la Policía de Investigación (PDI).
Y es que en el primer caso los otrora llamados agentes de los Ministerios Públicos o titulares de las mesas responsables para abrir carpetas de investigación son una auténtica calamidad, no solo directamente con los usuarios de la Fiscalía, también con los abogados que representan o defienden a acusados de determinados delitos o contratados por las víctimas.
Los abogados del fuero común se han convertido en el primer eslabón protagónico de la tremenda corrupción que pulula en las instalaciones de la institución en lo relativo a encarecer sus servicios por las “mordidas” que deben entregar a personal de las mesas para agilizar trámites.
Y en lo que respecta a los agentes judiciales o Policías de Investigación el escenario de igual manera afecta directa o indirectamente a los ciudadanos que procuran justicia.
Nadie en su sano juicio desea que toquen a la puerta de sus domicilios y al abrir la puerta dos o tres policías inicien un proceso de “terror” respecto a determinada orden de aprehensión o solicitar atestiguar en algún proceso de investigación determinada, lo que les significará, a los requeridos, desembolsar dinero en función de la gravedad del delito en que se esté involucrando como víctima o victimario.
Un esquema hasta cierto punto normal para los funcionarios y funcionarias de la FGJEM que afecta al primer eslabón, como ya se describió, de una interminable cadena de búsqueda de la aplicación de la ley.
Sino se actúa en función de la realidad que atañe de manera directa a millones de mexiquenses, sobre todo de bajos recursos económicos, la justicia seguirá procurándose únicamente para los ricos.
Desafortunadamente esa es solo una de las realidades a la vista tanto de autoridades como de la gente de a pie, misma que es reconocida con singular resignación por José Luis Cervantes Martínez frente a sus anfitriones o invitados , dependiendo si el fiscal invitó o fue invitado a reunirse con los representantes populares que lo ungieron.
Y es que de poco sirve a millones de mexiquenses que los diputados de las principales fracciones partidistas representadas en el congreso local se saquen la foto con el nuevo Fiscal y adornar el despacho principal de la FGJEM con las imágenes de los Legisladores y un fiscal con rostro de beneplácito que poco o nada conviene a la colectividad y menos habrá de ser positivo y de buen gusto llegar a los cubículos de los Legisladores y toparse con una enorme fotografía cuya imagen enseña satisfacción adelantada hacia un José Luis Cervantes Martínez quien apenas está conociendo lo que desde hace muchos años los mexiquenses ya experimentan con el solo pisar los inmuebles donde se tiene la obligación de procurar justicia a favor de los ofendidos en sus derechos.
Juntarse con los diputados debe simbolizar -de parte del Fiscal- pedir solidaridad, respaldo y apoyo para la toma de decisiones en el sentido de desmantelar a la “mafia del poder“ en las dependencias de la FGJEM y a la vez promover cierto “blindaje“ para el fiscal mismo si en la realidad éste coadyuvará a localizar, observar y contener el otro flagelo que atenta contra la tranquilidad social en general de gran parte de los mexiquenses, el “crimen organizado y narcotráfico”.
Quizá José Luis Cervantes Martínez piensa que los mexiquenses no están atentos de cuál es la responsabilidad de la Policía de Investigación (PDI) en estas cuestiones en el ámbito de su responsabilidad frente a las operaciones de El Ejercito, La Marina, La Guardia Nacional y Agentes Fedérales de la Fiscalía General de la República, tal vez este tema se reserva por la gravedad del problema , pero la coadyuvancia en este renglón favorece a los ciudadanos mexiquenses que deben atestiguar que los servicios de inteligencia locales funcionan .
Ni diputados ni fiscal abordaron la real problemática generada a raíz de los principales carteles del narcotráfico asentados en territorio mexiquense, lo cual si bien la mayoría de ciudadanos no lo palpan, si lo intuyen y se aterrorizan de saberlo .
Cárteles de la droga que han dejado su sello en mantas y amenazas mostradas en las zonas conurbadas de la entidad con la Ciudad de México y también en la zona conurbada que comprenden los municipios de Toluca y Metepec, amén de su constante movilidad en demarcaciones rurales del sur mexiquense.
Es bien cierto que la misión directa en cuestiones de delincuencia organizada derivada de la ilegal siembra, cosecha y comercialización de enervantes y tráfico de estupefacientes químicos corresponde a las autoridades federales, pero la Fiscalía debe estar nutrida de información a causa de la actividad directa en las modalidades descritas en las regiones mexiquenses limítrofes con los estados de Guerrero y Michoacán.
No es ningún secreto esa labor fuera de la ley en territorio mexiquense que además sus carreteras principales son aprovechadas como paso para esa empresa ilícita incluida el traslado de dinero sucio.
Cifras, estadísticas, índices al respecto están en poder de la Fiscalía que hoy preside José Luis Cervantes Martínez, quien , como ya se anotó en su oportunidad en esta columna, debe pasar la prueba aún para lograr el beneplácito de las Fuerzas Armadas y convertirse en activo para poder participar en asuntos de seguridad nacional y mientras eso ocurre el nuevo fiscal tiene trabajo suficiente para acabar con la “mafia del poder” al interior de la institución, pues de nada servirá únicamente haberse sacado la foto con los mismos que lo ungieron y los mismos que no han informado o indagado las causas verdaderas que ocasionaron la salida del antecesor de José Luis Cervantes Martínez, lo cual podrá salir en breve a la luz pública, sin duda .
