A fin de combatir la corrupción en el Estado de México, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para realizar reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
En el marco de la sesión de la LXI Legislatura Local, la diputada promovente señaló que después de luchas incansables, en trincheras oprimidas y con minorías en los espacios públicos o decisorios del país, en mayo de 2015 se aprobó por el Congreso de la Unión diversas reformas a los ordenamientos legales federales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, que figuraba ser una opción viable para combatir este cáncer que se vivía en México, por las élites influyentitas, neoliberales y corruptas.
Manifestó que según el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, estados como Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y el Estado de México registraron incrementos en su índice de Corrupción.
En México el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mandata a los Estados la creación de los Sistemas Locales Anticorrupción, por lo que, en el año 2017 se creó y publicó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Sin embargo, a pesar de que el sistema tiene una naturaleza tripartita; fiscalizadora, proponente y de responsabilidades, el Poder Legislativo, solo a través del Órgano Superior de Fiscalización se encuentra contemplado en el subsistema estatal de fiscalización, dado que, la Contraloría del Poder Legislativo es la instancia de investigación, sustanciación y en su caso, sanción de las faltas administrativas cometidas por el propio poder o por las personas servidoras públicas de los municipios según la Ley de responsabilidades Administrativas y los ordenamientos establecidos.
Motivo por el que propuso la incorporación de esta instancia dentro del Comité Coordinador de este Sistema Estatal Anticorrupción, así como incurrir en desacato, falta administrativa grave, a aquella persona servidora pública que no proporcione la información solicitada por cualquier autoridad del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
Además de la facultad oficiosa o a petición de parte, de solicitar comparecer ante esta legislatura a las autoridades o personas servidoras públicas para que expresen su rechazo a las recomendaciones realizadas por el Comité Coordinador y buscar los mejores mecanismos y políticas públicas para avanzar hacia una cultura de trasparencia y rendición de cuentas.
“Basta de la omisión de las y los funcionarios en aras de ocultar los actos de corrupción, debemos darle, progresivamente, facultades a estas instancias para que prevengan y erradiquen las presuntas acciones de corrupción”, dijo.
Y para finalizar subrayó desde el Poder Legislativo, proponen una verdadera división de poderes, un Poder Legislativo con verdadero Poder, que cada uno desde el ámbito de sus atribuciones, coadyuve a erradicar y prevenir la corrupción en el Estado de México.
(Foto: Tec de Monterrey / Ilustrativa)
