Eric Rosas
¿No hay mal que dure cien años?
Lo que está sucediendo con la academia durante la actual administración federal es verdaderamente aterrador. “No hay mal que dure cien años”, reza el dicho popular, y sin embargo; hoy, a justamente un siglo del nacimiento del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, nos encontramos inmersos en la plena destrucción de la academia de México y de su Sistema de Ciencia y Tecnología, que está siendo sometido por la ideología aberrante del actual gobierno y obligado a retroceder a las épocas de los regímenes protagonizados por políticos de la camada del hoy centenario, el mismo que fungía como secretario de gobernación cuando el 2 de octubre de 1968 Gustavo Díaz Ordaz masacró a los estudiantes en Tlatelolco, para provocar uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia contemporánea.
Más de medio siglo después de esos deshonrosos hechos enfrentamos el temor de una represión igual, ahora contra los jóvenes que resisten al autoritarismo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) quienes, al haber decidido retirarse de las instalaciones de Santa Fe a causa de la imperante propagación de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2 —decisión que habla de una enorme responsabilidad social—, anunciaron que continuarán su lucha en las calles.
Preocupante resulta que el licenciado Adán Augusto López Hernández, se haya lavado las manos ante el cuestionamiento directo que hace unos días le hiciera un reportero, acerca de que si la Secretaría de Gobernación a su cargo actuaría o no ante el conflicto generado por la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) contra el CIDE —y, de hecho, contra todos los centros públicos de investigación (CPIs) que coordina—. Sin el menor titubeo, el funcionario contestó que la solución a tal problema correspondía a las autoridades educativas —el CONACyT, por cierto, no depende de la Secretaría de Educación Pública desde hace varios sexenios—, aceptando con ello que la bióloga María Elena Álvarez-Buylla Roces no está actuando de motu propio en este ataque hacia la inteligencia de México, sino que cuenta con el beneplácito de Palacio Nacional o, quizá, hasta opera con obediencia ciega a las instrucciones que desde ahí le dictan.
Los meses por venir serán difíciles y decisivos para México y sus universitarios, pues ha quedado claro que este gobierno federal no comulga con las libertades que todo joven desea y necesita para vivir plenamente. El modelo educativo que busca imponer el régimen actual —se dibuja ya nítidamente— es uno en el que queden absolutamente suprimidos la capacidad de raciocinio y de análisis, así como el estímulo al desarrollo de un criterio y pensamiento propios. Otra muestra de esta intención por convertir a la educación superior en una fábrica de esclavos mentales es la aberrante decisión que fue anunciada el pasado jueves 13 de enero por el CONACyT. La dependencia dio a conocer que a partir de este 2022 no requerirá que los programas de posgrado que se oferten por las instituciones de educación superior (IESs) o CPIs del país, cumplan con ningún criterio de calidad para que sus estudiantes puedan disfrutar de una beca. Eliminado tal filtro, ya no será necesario que las IESs den su aval para que los aceptados a sus programas puedan obtener tal beneficio económico, sino que podrán tramitarla directamente ante el CONACyT. Esta decisión, encaminada sólo a construir una clientela electoral, actuará en detrimento de la calidad de la educación especializada, en un país en el que el estudio, el trabajo y el esfuerzo cada vez se valoran menos.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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