21/May/2024
Portal, Diario del Estado de México

Gobierno del Edoméx ha sido incapaz de destinar un presupuesto coherente con la dimensión de la población joven: Isaac Montoya

Fecha de publicación:

La juventud del estado de México no necesita un dictado de obligaciones; pero si un compromiso real e integral del gobierno para garantizar el acceso a la educación, al empleo y demás capacidades que le permitan el crecimiento integral justo, pero si no se manifiesta en el presupuesto, seguirá siendo parte de un discurso gubernamental, señaló el diputado local de Morena, Isaac Martín Montoya Márquez.

Al presentar la iniciativa que propone reformar la Ley de Juventud del Estado de México, para combatir el ‘adultocentrismo’ jurídico y garantizar un presupuesto suficiente y adecuado para el bienestar de la juventud mexiquense, denunció que históricamente el gobierno estatal ha sido incapaz de establecer un presupuesto coherente con la dimensión de este sector y de la complejidad de sus problemáticas, desde los últimos seis años, la partida asignada a políticas y programas dirigidos a esta población se ha reducido drásticamente, para el presente ejercicio fiscal, representa tan sólo el 0.06% del gasto total anual.

El diputado a nombre del Grupo Parlamentario de Morena dijo, se trata de asegurar la asignación, mediante la integración de un eje transversal, de un presupuesto no menor al 5% del gasto neto total previsto anualmente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el desarrollo de programas específicos en su beneficio.

Afirmó que en congruencia con el gobierno de la 4T vigilarán y asegurarán que los recursos asignados para el apoyo de los jóvenes, contemplados en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, sean ejercidos con puntualidad, honradez, oportunidad, transparencia y equidad, generando en ello los análisis e informes públicos que correspondan.

El morenista destacó que el gobierno federal, a diferencia de la administración estatal, si genera programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y como muestra en el Anexo Transversal 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación, en erogaciones destinadas al desarrollo de los jóvenes, representa actualmente el 7.1% del gasto total anual contemplado para 2021, la proporción más alta registrada en más de una década.

Por ello, indicó Montoya Márquez es vital que el gobierno estatal asuma el compromiso para romper con las inercias ‘adultocéntricas’ que persisten en la vida institucional del estado a través de acciones que, lejos de discursos representen cambios reales en la formulación e implementación de políticas públicas para los jóvenes.

Las juventudes, que representa el 37.4% del total de la población mexiquense, indicó el morenista, deben figurar como un aspecto transversal en la conformación del presupuesto estatal, al igual que deben fortalecerse los mecanismos que permitan evaluar y fiscalizar el destino de tales recursos.

Así, dijo el integrante de la bancada de la Esperanza, la Ley de Juventud del Estado de México institucionaliza, una visión ‘adultocéntrica’ que tiende a la discriminación que subordinan y relegan las ideas, de las personas jóvenes sólo por el hecho de tener una edad menor.

Reveló, la entidad contempla un listado de doce obligaciones que las personas jóvenes deberán observar, sin establecer mención alguna respecto a los efectos de su incumplimiento, lo que genera una laguna jurídica idónea para la reproducción del ‘adultocentrismo’.

Congresos de otras entidades han optado por establecer legislaciones en materia de juventud que no dispongan de apartados dedicados al establecimiento de obligaciones contra las personas jóvenes, en el reconocimiento de sus derechos, la definición de las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno para la garantía de los mismos, así como, la limitación de cualquier abuso o violación en su contra por parte de autoridades públicas.

En tribuna puntualizó que el problema principal que padecen los jóvenes es la pobreza, pues el 47.9% vive en dicha situación, enfrenta graves dificultades para alcanzar su bienestar y ejercer plenamente sus derechos; así como un deficiente acceso a la educación y servicios de salud, y la discriminación estructural, por lo que primero, se debe impulsar su reconocimiento como integrantes de una población históricamente excluida y emprender una estrategia transversal de acción gubernamental capaz de generar condiciones adecuadas y sostenibles para encauzar su desarrollo y realización plena.

(Foto: archivo)

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