Leobardo Hernández
“Nuestro país sufrió una de las agresiones históricas más graves a sus derechos humanos en las últimas décadas cuando, en 2014, fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero. Fue una acción brutal y despiadada en la que se coludieron miembros del narcotráfico y autoridades locales y federales en un hecho delictivo, abusivo y desmesurado que ha dejado una huella de dolor e impunidad”.
Así inicia la misiva que el pasado 23 de septiembre envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al primer ministro israelí, Naftali Bennett, solicitando agilizar el proceso de extradición de Tomás Zerón, uno de los implicados en la manipulación de pruebas en la llamada “verdad histórica” con la que se cerró el caso Ayotzinapa sobre los 43 normalistas desaparecidos durante el gobierno de Peña Nieto.
Estos hechos contravienen la obtención de justicia en un caso que recién cumplió 7 años de impunidad. Por tanto, es urgente que Zerón sea procesado en México para dar dirección a las indagatorias.
Asimismo, la carta explica que “el funcionario, que desde uno de los más altos niveles del orden federal operó esta colusión criminal, cometiendo entre otros delitos, el de tortura, ha sido imputado por un juez a través de una orden de aprehensión que está ratificada por la Interpol”.
López Obrador manifiesta en el escrito que “el clamor de los padres y madres de quienes fueron desaparecidos y de aquellos que ya fueron identificados sus restos nos exige, con toda razón, que se cumpla de inmediato con la justicia en el caso del citado individuo, que es fundamental”.
Fue el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dio lectura a la epístola y aseguró que el gobierno de Israel acusó de recibida el pasado 30 de septiembre, por lo que se espera la respuesta de la administración de ese país.
Alejandro Encinas
(Foto: Presidencia)
