El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el diputado Max Correa Hernández, que eleva a rango constitucional los Derechos de la Naturaleza y retrotraer el principio de reparto de la tierra al sentido y texto original de la Constitución de 1917.
La propuesta de ley, que será remitida al Senado de la República, reforma los artículos 1, 2, 3, 4, y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y plantea establecer el derecho de audiencia y justa indemnización a ejidatarios y comunidades ante expropiaciones y afectaciones sin decreto.
El legislador de Morena señaló que la iniciativa relaciona los derechos humanos con los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, y establece un nuevo paradigma con una visión biocéntrica del medio ambiente, más que una visión antropocéntrica.
“Pretendemos el rescate del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria y apoyar de manera directa, con subsidios y sin intermediarios, a los pequeños productores nacionales para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos.
“Estas medidas, como la siembra de árboles frutales y maderables, arraigan a las poblaciones y comunidades, genera empleos, fortalece la identidad cultural y la calidad humana y civilizadora; además tiene efectos restauradores de la ecología, combate el
cambio climático y genera empleos”.
También la iniciativa fomenta la actividad pesquera y mejora las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país, pero fundamentalmente favorece un nuevo tipo de relación del hombre con la naturaleza para reconocer que la Madre Tierra es un ser vivo y tiene derechos.
En tribuna parlamentaria, Max Correa resaltó que su propuesta también pretende superar la visión antropocéntrica para considerar los derechos de la naturaleza al mismo nivel de los derechos humanos, así como la relevancia de hacer valer los derechos de los pueblos originarios, campesinos e indígenas, respecto a los derechos de la naturaleza, y se otorga al Estado la responsabilidad de generar políticas públicas para garantizar los recursos acuíferos.
Finalmente, dijo que “con este sustento constitucional se favorece la creación de un Banco de Tierras que permita reiniciar su reparto a los jornaleros campesinos que tuvieron instaurados expedientes de dotación hasta antes de la reforma de 1992, preferentemente a jornaleros agrícolas y campesinos sin tierra, y se creen nuevos ejidos para los millones de jóvenes jornaleros que trabajan el campo en un clima de pobreza, miseria y explotación”.
(Foto: Especial)
