El diputado Max Correa Hernández presentó una iniciativa de reforma constitucional para que se establezca como un derecho los apoyos sociales económicos a grupos vulnerables como discapacitados, indígenas, madres solteras y personas en situación de pobreza, y que no sigan como dádivas electorales como ocurre actualmente.
Recordó que hoy los mexiquenses enfrentan inequidades y desafíos urgentes por resolver, pues la disminución en los años de calidad de vida ocurre entre los 0 y 19 años, con problemas de desigualdad aún más visibles y graves en las zonas urbanas que en las zonas rurales del Estado, donde se incrementan las nuevas epidemias de alimentación inadecuada, deserción escolar, ingresos bajos, inaccesibilidad al agua potable y falta servicios de salud.
“Buscamos que los programas que hoy se manejan como dádivas electoreras sean derechos exigibles de los ciudadanos y una realidad constitucional para toda su población pues el Estado de México, es la entidad más poblada, más importante económicamente, pero también con más desigualdades tiene, más inseguridad, más carencias y más necesidad”, sostuvo el morenista.
En este sentido, el propósito de la iniciativa es garantizar la entrega de apoyos económicos a la población en situación de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, con discapacidades permanentes, en condición de pobreza y extrema pobreza y las madres solteras que tengan a su potestad hijas e hijos menores de edad.
Max Correa refirió que hoy el sistema jurídico actual carece de herramientas eficientes que garanticen las dispensas básicas de los sectores de la población mencionados, que debido a su vulnerabilidad, requieren de una protección reforzada por parte del Estado en el resguardo de sus intereses y derechos, frente a cualquier acto que los violente o transgreda.
Apuntó que ha aumentado la población de estos grupos y la mayoría de ellos no tiene acceso a un sistema de seguridad social integral, que resulta necesario que el Estado les otorgue estas prestaciones con el fin de aliviar la pobreza en la que se encuentran, para lo cual se propone establecer que tengan derecho a recibir un apoyo económico. La propuesta fue canalizada para su discusión a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos.
(Foto: Especial)
