Claudia Elisa y Gabriela Alejandra López Miranda
Integrantes del Círculo Feminista Alaíde Foppa
La despenalización del aborto es una de las demandas con mayor resonancia del actual movimiento feminista, si bien existe una polémica en torno a si la interrupción legal del embarazo puede o debe ser un derecho, es innegable que la criminalización de dicha práctica deviene en una coartación de derechos de las mujeres plenamente reconocidos.
Mantener la práctica del aborto en el ámbito de lo ilegal, en principio, coloca a la mujer en una relación de discriminación respecto al hombre, debido a que éste goza de completa libertad para desentenderse de un embarazo, pues bajo ningún principio es juzgado por abandonar a una mujer gestante.
Sumado a ello, hay una condición de desigualdad entre las mujeres que pertenecen al Estado de Oaxaca y la Ciudad de México, donde es legal la interrupción del embarazo, y las que habitan en el resto de los Estados de la República, pues las primeras pueden tener acceso a un procedimiento legal y gratuito, las otras no. Esto se relaciona, también, con una desigualdad de clase que sufren quienes además de no vivir en las dos entidades mencionadas, no tienen posibilidades para viajar a las mismas y realizar el procedimiento.
Adicional a la violación del derecho de no discriminación, la penalización del aborto deviene en la privación del derecho a la salud. Según la OMS salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social […] no sólo ausencia de afecciones o enfermedades” (en Sánchez, 1998). La criminalización del aborto expone a las mujeres al riesgo de los procedimientos clandestinos y refuerza el fenómeno de estigmatización, el simple hecho de enfrentar un proceso penal por aborto, independientemente de la sentencia, “puede tener consecuencias permanentes en la vida de las personas denunciadas, su familia y la relación con su comunidad” (GIRE, 2018, pág. 106) Existen mujeres que aún sin haber recibido sentencias condenatorias son señaladas por su comunidad, por haber abortado voluntariamente o incluso de manera fortuita.
En una sociedad como la nuestra la maternidad es pensada como un destino para las mujeres, sumado a ello, las labores de cuidado se asignan preponderantemente a ellas, hay una división sexual del trabajo que perpetúa “el rol de cuidadoras asignado a las mujeres [pues] cerca de tres cuartas partes de las personas que proporcionan cuidado al interior de los hogares son mujeres. La presencia femenina es sobre todo visible en el cuidado […] y crianza de las hijas e hijos” (INMUJERES, 2012)
No obstante dicha condición de desigualdad y alta vulnerabilidad, la renuncia al rol social de la maternidad es altamente castigada, en términos de estigma y rechazo, pero también legalmente. En este sentido, el llamado a ejercer el derecho con perspectiva de género, admitiendo que hay mandatos establecidos, generalizados, que tratan de forma desigual a las mujeres y a los hombres, es urgente, tan urgente como reconocer que estar a favor de la penalización del aborto es posicionarse en contra de los derechos de las mujeres.
Referencias:
- GIRE (2018) “Maternidad o castigo La criminalización del aborto en México”, México, GIRE.
- INMUJERES (2012) “Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 2012”, en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101231.pdf.
- Lamas, Marta (2017), La interrupción legal del embarazo. El caso de la Ciudad de México, México, FCE, UNAM.
- ONU Mujeres México (et. al.) (2018) “México ante la CEDAW”, México, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer en México, ONU Mujeres México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUDH.
- Sánchez González, Miguel (1998) “El concepto de salud: Análisis de sus contextos, sus presupuestos y sus ideales”, en: Cuadernos del Programa Regional de Bioética, N.º 7, Programa Regional de Bioética para América Latina y el Caribe OPS/OMS, Santiago de Chile.
