Eric Rosas
Asesoramiento científico
La toma de decisiones es una de las actividades de mayor relevancia en cualquier ámbito, pero lo es todavía más en la vida pública de un país. México no es la excepción. Cuando estas decisiones se basan en criterios distintos a los científicos o técnicos, suceden catástrofes como la que hemos presenciado recientemente con la línea doce del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano de la Ciudad de México. Estas tragedias enfatizan la relevancia que tiene la alta especialización para cualquier sociedad. Sí se necesitan ingenieros capacitados para trazar y construir carreteras y vías elevadas; arquitectos capaces para diseñar obras de gran magnitud, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que aun teniendo pausada su construcción recibió reconocimiento internacional; médicos especialistas para definir la estrategia de combate a la pandemia de covid19 a fin de evitar el fallecimiento de más de medio millón de mexicanos; etc. Las políticas públicas de cualquier país desarrollado se encuentran cimentadas en conocimiento científico, pues sólo con éste se asegura que la evidencia, la universalidad y la predictibilidad que caracterizan a la actividad científica, beneficien a la sociedad.
En México, sin embargo, el conocimiento científico ha sido dejado de lado en los últimos dos años y medio cuando del diseño de políticas públicas se trata. Este desprecio que la actual administración federal demuestra por la ciencia ha quedado patente en numerosas acciones que pretenden trascender al marco legal de nuestro Estado Mexicano. Por ejemplo, mientras que la comunidad científica internacional reclama al unísono que el mundo entero detenga el uso de los combustibles fósiles por ser éstos uno de los principales causantes del aumento de la temperatura global, pues con tal incremento podría llegar el colapso de la humanidad entera; la actual legislatura federal ha aprobado las reformas enviadas por el primer mandatario para el sector energético, concretamente para las leyes de la Industria Eléctrica y de los Hidrocarburos, fomentando precisamente la quema de materiales sucios y mortíferos como el combustóleo para la generación de energía eléctrica y desincentivando el aprovechamiento de fuentes naturales y limpias de energía, como la solar o la eólica en las que nuestro territorio es envidiablemente rico.
Otro ejemplo fue la obligatoriedad para entregar los datos biométricos plasmada en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, bajo el supuesto de que esta medida ayudaría a detener la comisión de diversos delitos, entre otros el de la extorsión telefónica, que se ha identificado se realiza en gran número desde las prisiones. El argumento es tan absurdo cual pensar que un criminal contratará líneas telefónicas para realizar sus fechorías —menos aun si se ya encuentra preso—. Pero aquí la tecnología también ha ofrecido soluciones efectivas, por ejemplo, los bloqueadores de llamadas que operan perfectamente cuando se habilitan en locaciones de la importancia de la de los alrededores del Palacio Nacional y funcionarían igual de bien impidiendo la salida de llamadas desde los centros penitenciarios.
Por incongruencias como las anteriores resulta fundamental que los tres poderes de la Unión sean obligados a basar sus decisiones en la ciencia. Que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, integren al asesoramiento científico entre sus insumos imprescindibles cuando diseñen o emitan alguna política pública, ley o jurisprudencia. Los instrumentos ya existen, sólo hay que hacerlos mandatorios.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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17 de mayo de 2021
