Los migrantes centroamericanos así como los nativos de otras naciones padecen en México «una pesadilla», con la vulneración de sus derechos humanos, violencia constante, rechazo y discriminación, y representan un tema de emergencia humanitaria, pues son más de 97 mil, según datos de ACNUR, con una presencia relevante de niñas, niños y adolescentes, sin descontar a los menores mexicanos que, como los demás, viajan solos en muchos casos, en busca de sus padres.
La violencia de las organizaciones delictivas, las extorsiones de los cuerpos de policía, el desinterés e indiferencia de los tres órdenes de gobierno y las instituciones, así como el rechazo de grupos y personas, todo ello agravado por la pandemia de Covid-19, cuyos efectos entre los migrantes no han sido dimensionados, contrastan con la respuesta de la sociedad civil organizada, que se ha encargado de crear y sostener albergues en la frontera y el centro del país con base en el trabajo de grupos religiosos y organizaciones humanitarias.
Un panorama complejo con aristas relativas al sufrimiento y el desarraigo de quienes se ven como «árboles sin raíz» fue presentado por investigadoras, representantes de dos albergues y un centroamericano, en la segunda y última jornada del seminario «Exclusiones e inclusiones de migrantes retornados y en tránsito por México frente a la pandemia de Covid-19», organizado por El Colegio Mexiquense con el trabajo de Lucía Cristina Ortiz Domínguez, profesora-investigadora de estancia postdoctoral en el seminario de Estudios Estratégicos del Estado de México.
Con la moderación de Carolina Inés Pedrotti, profesora-investigadora de la institución, quien se refirió sobre todo a las caravanas infantiles sin acompañamiento y a las respuestas confusas y diferenciadas de las autoridades, en el encuentro participó Valentina Cappelletti, profesora-investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, quien presentó el resultado de su estudio de 79 albergues en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, durante el confinamiento por Covid-19, en que se dio la despresurización sin el apoyo de las autoridades, y no solo con centroamericanos, sino haitianos, cubanos, venezolanos y africanos.
Ana Luz Minera Castillo, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, analizó el caso de niños, niñas y adolescentes, tanto centroamericanos y africanos como mexicanos, los primeros de los cuales emprenden la migración impulsados por la violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador.
La investigadora presentó un panorama marcado por la gravedad de la violación a los derechos infantiles, sin intervención alguna y menos efectiva de parte de los gobiernos, ni datos sobre quienes se han contagiado de Covid-19, y dijo que de los cuatro mil 856 menores detenidos en el primer cuatrimestre del año pasado -que se elevó a más de siete mil en agosto, 37% de los cuales son niñas- más de la mitad viaja sin acompañamiento.
Sergio Luna, del albergue La Sagrada Familia, en Apizaco, Tlaxcala, y Armando Vilchis Vargas, del albergue de Metepec, presentaron un panorama delicado por la falta de apoyo institucional y la carencia de recursos para atender a los migrantes, con la certeza de que la migración no se puede detener, en tanto que Alex Padilla González, hondureño, pidió oportunidades para quienes han debido dejar sus países en busca de oportunidades, enfrentan la «pesadilla mexicana» por la violencia y el rechazo, pese a que la mayoría, dijo, tienen un modo honesto de vida y son «árboles sin raíces».
La segunda jornada del seminario tuvo entre sus conclusiones que la emergencia sanitaria obliga a notar con mayor claridad la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de los adultos migrantes, ante las condiciones adversas, la negligencia y el abandono de parte de las instituciones, el asedio de las organizaciones delictivas, los contextos de violencia, la hostilidad y el racismo a que se enfrentan en muchas comunidades de tránsito o receptoras en México.
