Ramón Cuevas Martínez
Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.
Anónimo
Los Bancos son algunas de las instituciones que tienen que cumplir un mayor número de normas, muchas de ellas de carácter tributario y penal, aun así, cuando abrimos las redes sociales vemos que todos los días se realizan fraudes atribuibles al sistema bancario; de hecho, la segunda mayor preocupación de los españoles, después de la economía y el empleo, es el fraude.
No es suerte entonces que toda la metodología de cumplimiento normativo para una institución o empresa, denominado comúnmente “compliance”, haya surgido inicialmente ahí, en el cumplimiento legal del sistema financiero privado.
Esta metodología está haciendo su aparición en el sector público, luego de que ya se ha adoptado en muchas empresas a quienes evidentemente preocupa un blindaje en cuanto al cumplimiento de las diferentes regulaciones tanto internas como externas.
En los próximos años el cumplimiento normativo será el principal instrumento anticorrupción, pues apuesta al desarrollo de talentos en los servidores públicos para detectar áreas donde se presume la realización de ilícitos, posibilitando que a través de un oficial de cumplimiento anticorrupción se realicen acciones preventivas para evitar y controlar su proliferación.
Donde definitivamente esperamos con gran ánimo la llegada del compliance es a la evaluación gubernamental, pues está llamado a ser la llave mágica para lograr un gran avance en la calidad del gasto, pues a través de un mapa de riesgos, el cuerpo directivo puede identificar cuales, y cuantas son las normas que involucran a áreas como tesorería, tomando acciones inmediatas para vacunarse contra acciones de carácter penal en caso de incumplimiento.
En el caso de la evaluación de programas públicos, cuyo cumplimiento normativo está señalado nada menos que en el artículo 134 constitucional, se vive la historia del zapatero remendón, donde el titular del área financiera prefiere estar recibiendo multas por parte de las instancias fiscalizadoras internas y externas, que correr un simple proceso de evaluación que lo llevaría no solo a cumplir con la ley, sino que también haría posible que la ciudadanía recibiera mejores servicios al contar con una evaluación técnica anual de la calidad del gasto.
Al menos cada año los municipios mexicanos reciben entre 10 y 50 observaciones de los órganos de fiscalización federales y estatales, relacionadas con el desempeño de los programas, lo que hace sumamente vulnerable el ejercicio del presupuesto, pues de todos lados hace agua a la vista de la auditoría al desempeño.
Ante esta situación, en Gobernova presentaremos el próximo lunes 12 de abril, los resultados del IIPEM2021, una herramienta técnica y metodológica que mide el grado de gestión en la calidad del gasto público de los 125 ayuntamientos del estado de México; brindando datos que mejoren la toma de decisiones, antes de que entren en acción los zapateros a remendar programas que merecen un mejor diseño en lugar de un buen remiendo.
Registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqdOmprjsuGtSfKB6IVBcIV0E17gKZiHVr
*Consultor en Gobernova
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